El 29 de marzo pasado, el Indec difundió un estudio que señaló que el Gran Córdoba tenía el 40,5 por ciento de pobres y un 10,8 por ciento de indigentes. Fue una bomba que estalló en Córdoba, cuando aún no había ruido de campaña.

Aunque faltaban varios meses para el arranque de la época electoral, esas cifras le pegaron en la línea de flotación del Gobierno provincial.

Por aquellos días, un eslogan en las publicidades oficiales era: “Una gestión con sensibilidad 
social”.

En su discurso de apertura de sesiones, el gobernador Juan Schiaretti aseguró que, este año, su gestión destinaría 6.300 millones de pesos para planes sociales.

Las cifras del Indec que equipararon al Gran Córdoba con Concordia y con la ciudad de Santiago del Estero sorprendieron a la política de promoción y asistencia social de la gestión schiarettista.

No era un dato menor. En aquel momento, ya se comentaba en el PJ que la única que tenía un lugar asegurado en la lista de Unión por Córdoba era Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti e influyente secretaria de Equidad Social, el organismo que administra gran parte de las políticas sociales en la provincia.

Luego de que José Manuel de la Sota declinó ser candidato, en mayo pasado, el vicegobernador Martín Llaryora aceptó encabezar la lista, secundado por Vigo.

Aquellos eran días de relaciones distendidas con la Casa Rosada. El gobernador bajó la orden a todos sus funcionarios: nadie le respondería al Indec.

“No queremos que nos comparen con el kirchnerismo. El Indec se reformuló y ahora es creíble, pero la verdad es que nos sorprendieron estas cifras”, admitió entonces un encumbrado miembro del gabinete schiarettista.

Reacción

Ahora, ya metido de lleno en la campaña, Schiaretti salió a cuestionar el sábado pasado aquellas estadísticas con números de una consultora privada.

La cifra de pobres e indigentes en la provincia se instaló como un nuevo foco de diferenciación entre la Provincia y el Gobierno nacional. El propio Llaryora se metió ayer en esta polémica, aunque sin cuestionar directamente las cifras del organismo nacional, sino señalando las falencias de las políticas económicas y sociales de la Nación.

“El Gobierno nacional es muy duro con los pobres. Aumentaron el pan, el transporte. En el interior, la nafta es más cara que en Buenos Aires. No tengo dudas de que el poder central es muy duro con los cordobeses”, afirmó, en radio Mitre Córdoba, el vicegobernador y candidato peronista.

Esta controversia amenaza con atravesar toda la campaña electoral. Las Paso sólo serán una encuesta de posicionamiento de cada espacio político, de cara a las elecciones del 22 de octubre, cuando se resolverán las nueve bancas de diputados que estarán en juego en la provincia.

En plena campaña, el Indec publicará en septiembre los datos del primer semestre de este año.

El Gobierno provincial ya hizo una proyección, dicen, con los datos que está recogiendo el Indec.

Pero esa metodología fue la que el titular del organismo nacional, Jorge Todesca, cuestionó ayer en duros términos.

Habrá que aguardar a que el Indec publique las nuevas estadísticas. Pero lo que está claro es que el Gobierno provincial no puede exponer, como logro de gestión en la campaña, los datos sobre los sectores más vulnerables. Los propios peronistas admiten que políticamente no es conveniente polemizar con el Indec, aunque también sostienen que no pueden quedarse con los brazos cruzados.