Los socios turísticos de CFK que se quedaron con el negocio en los Parques Nacionales de la Patagonia

Los socios turísticos de CFK que se quedaron con el negocio en los Parques Nacionales de la Patagonia

A continuación OPI va a revelar en al menos dos informes, cómo el kirchnerismo organizó la venta de tierras y el usufructo de predios, tierras, servicios y concesiones turísticas dentro de los Parque Nacional Los Glaciares, canalizando dichas actividades a través de empresas de servicios turísticos a las cuales se las vincula estrechamente con Néstor y Cristina y que han realizado negocios fenomenales, impidiendo al entrada de otros actores en sitios privilegiados de negocios inmobiliarios y de recreación, en un ámbito vedado por ley para desarrollar actividades de este tipo.Todo agravado por una cuestión de límites cuya demora en establecer no parece providencial.

Los terrenos descubiertos por el Fiscal Marijuan en El Chaltén, comprados por Lázaro Báez ilegalmente porque pertenecen a Parques Nacionales, no es el único gran negocio que han hecho los Kirchner desde el poder y sus amigos “empresarios”. Hay otros que usufructuaron la compra ilegal de tierra en el Parque Nacional los Glaciares, operatorias facilitadas por acción directa u omisión de los funcionarios públicos respectivos, que por medio de maniobras administrativas en algunos casos fraudulentas y en otros mediando el maquillaje “legal” de licitaciones arregladas, han hecho del “Patrimonio de la Humanidad” un gran negocio turístico e inmobiliario, para enriquecimiento de unos pocos.

De acuerdo a información que ha podido recabar OPI, en base a asesoramiento técnico y profesional en la materia, no solo son esas 6 hectáreas que “compró” Báez en El Chaltén, las que están en litigio y que tienen problemas y superposición de jurisdicciones entre Nación (Administración de Parques Nacionales) y provincia (Santa Cruz), sino que además, hay otras zonas del parque Nacional Los Glaciares, las cuales poseen el mismo problema, pero en todos los caso siempre han beneficiado a presuntos testaferros del Kirchnerismo.

Esta vez, la zona en litigio que hemos podido confirmar, sería un predio de nueve hectáreas que se encuentra próximo al paraje Punta Bandera, dentro de la Seccional de Guardaparques Lago Argentino, donde existe una clara contraposición entre las leyes nacionales y provinciales, permitiendo que Nación haya avanzado sobre el territorio de la provincia, sin tener saldada la cuestión legal.

 

En el año 1937, se creó el Parque Nacional Los Glaciares por medio de dos decretos nacionales de esa época, pero recién en el año 1971, salió la ley nacional N° 19.292, denominada “Limites de los distintos Parques y Reservas Nacionales”, articulando límites del Parque Nacional los Glaciares entre otros parques nacionales, posteriormente, el Estado nacional nunca concretó la mensura y amojonamiento definitivo del Parque Nacional Los Glaciares, lo cual con en el tiempo, generó problema con la provincia, por no tener límites claros y precisos, más aun cuando estos límites se dan por cauces de ríos o arroyos, los cuales se modifican en el tiempo, sobre todo en sus desembocaduras donde se producen algunos deltas.

En el año 1992, se sancionó la ley provincial N° 2283, “Límites y Mensura del Paraje Punta Bandera” (por ceder un predio al Instituto del Hielo Continental Patagónico) por lo cual el predio en cuestión fue ocupado por Parques Nacionales, pero éste queda asentado como “Territorio de la provincia de Santa Cruz” y Parques Nacionales seria solo un “okupa”, administrativamente hablando.

En el año 1993, Salió la ley provincial N° 2316, cuyo objetivo fue “Crear la Reserva provincial de Península de Magallanes”, incorporando la zona en litigio, nuevamente como territorio de la provincia.

Posteriormente y de forma aún más extraña, se sancionó la ley provincial N° 2693/2004, en donde nuevamente se modificó y ratificaron los límites de la Reserva Provincial Península de Magallanes.

En todos los caso, la provincia asentó con plano de mensura, el predio en litigio como territorio propio, según plano catastral N ° 090-1034.

La discusión que se plantea actualmente, indica que el predio de la controversia seria un lugar optimo y estratégico para realizar muelles y obras de infraestructura lacustres, por cuanto la Administración de Parques Nacionales desde el año 2013, sacó a concurso distintas licitaciones por concesioneslacustres dentro del Lago Argentino, con la premisa de que estas empresas realicen muelles y demás obras en dicho predio, lo que jamás se cumplimentó

Las licitaciones que se pudieron establecer son:

– Licitación Publica N° 09/14. Fue adjudicada a la Empresa Mar-Patag SRL. (N° de Cuit: 30-70745082-3), por Resolución N° 459/14 Administración de Parques Nacionales (APN).

– Licitación Publica N°19/13. Se adjudica la Empresa Southern Spirit S.A. (N° de Cuit: 30-7105543-1), por Resolución N°045/15 APN, de Héctor “tino” Resnik.

– Licitación Publica N°07/14, se adjudica a la Empresa Solo Patagonia S.A. (N° de Cuit: 30-71083870-3), por medio de la Resolución N° 436/14 APN.

Dos de estas empresa fueron asignadas a presuntos testaferros de Cristina Fernández Kirchner, tal es el caso de la Empresa Mar- Patag, del empresario Pablo Gripo (dueño además de la empresa Constructora GRIPSA) arquitecto que remodeló Alto Calafate, Las Dunas y dirigió la construcción de la residencia de CFK en El Calafate y la empresa Southern Spirit, cuyo dueño es el Sr. Héctor “tiño” Resnik , quien, además, con la misma empresa, posee otras licitaciones adjudicadas en el Parque Nacional Lago Puelo en Chubut y la concesión del avistaje de ballenas en Puerto Pirámides, Chubut.

 

Extrañamente o por las coincidencias que se dan en un mundo comercial tan pequeño, el primer dueño de la empresa Mar- Patag SA, fue el propio Sr. Resnich, que luego se la vendió al arquitecto oficial de la ex presidenta, Pablo Gripo.

 

A la fecha, y obviando lo solicitado en los pliegos de licitación, ninguna empresa hizo las obras especificadas y comprometidas en “las condiciones” del contrato, como muelles, escolleras, galpones, estacionamientos, salas de pre-embarque, entre otras. Principalmente la empresa Solo Patagonia SA (que pertenece a la Familia Fernández Campbell) es precisamente la firma que más obras debe realizar y lo evita aduciendo que la zona en cuestión es territorio de la provincia y no de Parques, por lo tanto sosteniendo que a la fecha no está solucionado el problema jurisdiccional, tiene miedo que la provincia le cobre un derecho de uso, sobre todo por los muelles a realizar, que nunca fueron construidos y sobre lo cual sustenta la argumentación para no cumplir el acuerdo firmado cuando ganó la licitación y mucho menos lo es a la hora de cobrar los suculentos importes por los servicios de navegación turísticas que parten desde su escolleras.

 

Bajo este paraguas de excusas y protección oficial, pasa el tiempo y las empresas no invierten, no cumplen con lo que estipula Parques Nacionales e incumplen la ley, más aún sabiendo que el problema irresuelto de límites (lo cual incluye un área lacustre del Lago Argentino aún en litigio) lo deja al margen del cumplimiento estricto del contrato, ya que es en ese lugar donde deben construirse los muelles. Ambas empresas, sin necesidad de dar cumplimiento a lo acordado, pueden funcionar normalmente desde sus muelles privados que están próximos al Parque y de esa manera incumplen con las obras, poniendo como excusa un problema que “no es de ellos”, pero que de ninguna manera fue un escollo a la hora de ganar la licitación.

Problema con nombre y apellido

De acuerdo a la investigación practicada, a las fuentes consultadas y a los contratos visados por OPI en este primer tramo de la investigación, se puede decir con certeza que las empresas comprometidas no han hecho las obras y el Estado en su conjunto se ha visto perjudicado, porque existieron funcionarios que no han hecho su trabajo. En la acción o en la omisión, como en tantos casos ocurridos en la década anterior, se ha avanzado en las acciones (en este caso la explotación lacustre), pero no se ha solucionado el problema de fondo ni exigido el cumplimiento de los contratos acordados previamente.

 

El principal funcionario, que permitió este tipo de maniobras en Parques Nacionales fue el Sr. Carlos E. Corbalán, quien entre 1999 y hasta el 2013 fue intendente del Parque Nacional Los Glaciares y el cual en el año 2013, fue ascendido por Cristina Fernández, al cargo de Presidente de la Administración de Parques Nacionales.

Una vez asumido el nuevo gobierno de Mauricio Macri en 2016, Corvalan fue repuesto nuevamente como Intendente del Parque Nacional los Glaciares, regresando al Calafate a cumplir su vieja función, sin que nadie haya reparado hasta el momento, su complicidad, al menos su manifiesta irresponsabilidad, ante un hecho por demás contradictorio y sospechosamente direccionado.

De acuerdo a los datos que se registran de su actuación en las distintas funciones que le dio el kirchnerismo, nunca fue capaz de solucionar los problemas de litigio entre la Nación, la provincia y los privados e inclusive las fuentes lo acusan de haber avanzado e impulsado obras y actividades del ámbito privado, sin saldar las viejas cuestiones legales que se presentan hoy como un gran laberinto para la justicia, porque no hay jurisdicciones bien delimitadas y tal como sucedió en la zona de El Chaltén con Lázaro Báez, entre los años 2006 y 2010, se negociaron tierras de manera ilegal, hecho que trascendieron recién ahora a través de la prensa. Un hecho similar al de Chaltén, sucede en la zona de Punta Banderas en El Calafate.

Otros puntos oscuros

Independientemente de los apuntado, se están investigando otros emprendimientos, realizados dentro del Parque Nacional, propietarios de negocios relacionado con el turismo, que actualmente están siendo observados y puesto bajo investigación periodística, para entender cuáles son los motivos para que estén allí, la legalidad de los mismos y las facilidades que han obtenido de autoridades nacionales y/o provinciales, para desarrollar una tarea lucrativa, incumpliendo con las normas en la materia.

Por ejemplo en la zona del glaciar Perito Moreno, se da una situación compleja con la instalación delSnack bar del glaciar, que explota la firma Nativos de la Patagonia, perteneciente a los empresarios Guatti y Fernández Campbell.

 

Otra de las constrovertidas existencias de explotación, en tierras de parques Nacionales, es la del Hotel Los Notros, que se ubica próximo al glaciar Perito Moreno, ingresando por la ruta provincial 11, el cual pertenece al Empresario Cristóbal López.

 

La venta, durante la presidencia de Corvalán, de siete hectáreas, en la Zona de Lago Roca, precisamente en la estancia Nibepo Aike y otro negocio que llama la atención y debe ser investigado, es la venta de 4 Has en zona de reserva nacional, a uno de los hermanos Susaca en la Estancia Helsingfors.

A todo lo dicho, se le deba agregar que en apariencia ni nación ni la provincia, han tenido en cuenta que el parque Nacional Los Glaciares, desde el año 1991 ha sido declarado por la UNESCO como “Patrimonio de la Humanidad” y precisamente bajo esta denominación, se incluyen aquellos territorios que por su valor histórico, preservación natural o para protegerlos de explotación intensiva, ya sea de minerales, petróleo, minería, etc, tienen perfectamente establecida la prohibición de vender tierras bajo este dominios, a particulares.

Omisión o premeditación

Los problemas que se vienen generando con estas tierras podrían tener un origen en la ignorancia de los funcionarios de turnos o en el desinterés de los respectivos gobierno nacionales y/o provinciales, sin embargo, resulta de interés analizarlo desde otro punto de vista que es : la intencionalidad de que nada de estos se esclarezca, por cuanto eso le permite a los concesionarios amigos del poder y quienes se han asegurado el monopolio del turismo en el lugar, seguir facturando con el turismo internacional de una manera muy lucrativa y absolutamente discrecional.

Fuentes técnicas consultadas en el ámbito de Parques Nacionales, aseguran que estas cosas suceden porque el Parque Nacional Los Glaciares no tiene mensura y amojonamiento definitivo y preciso, que permita delimitar de manera correcta y bien visible, la superficie que corresponde a tierras de un sector u otro.

La Ley 19.292/71 designa jurisdicción de Parque Nacionales Los Glaciares esquinero sudoeste del lote 234 sobre Lago Argentino sigue 100 metros de la costa del lago, hasta la desembocadura del río La Haya. Desde allí la línea cruza el lago (norte-sur) y desde allí a la esquina N.O del lote 141 de allí la sur por el mismo lote del lado oeste, hasta la altura en que una línea imaginaria recorre de oeste a este y pasa por 500 metros al sur de Punta Banderas.

Las cartas topográficas del IGM dan puntos de referencias de los límites del Parque Nacional Los Glaciares en Paraje Punta Banderas o Puerto Punta Banderas, de acuerdo a la Carta Topográfica levantada en 1946 y 1947 (Punta Avellaneda – Santa Cruz hoja Nº 5172-2) y Carta Cartográfica (El Calafate hoja 5172/1 y 51757 II – compilación año 1981).

En el año 1991 la provincia de santa Cruz a través de su oficina de Catastro hizo un relevamiento y Plano de Mensura del Paraje Punta Banderas (Matrícula Catastral 090-1034), incorporando como jurisdicción provincial al predio de la Seccional del Lago Argentino, área utilizada por Parques (unas 9 Has aprox.).

El 2 de mayo de 2012 por Decreto 761 Pcia de santa Cruz, se declara “Monumentos Histórico Provincial”, a la antigua vivienda del guardaparques (casa de embarcados), incorporando patrimonio de Parques Nacionales al patrimonio cultural de Santa Cruz.

La superposición de áreas de responsabilidad y derechos, tanto de parte de la provincia como de la nación, dan origen a una controversia que nadie ha resuelto y que, como indicamos, de acuerdo a las fuentes de la propia institución, el hoy funcionario de Parques, tiene expresa responsabilidad ya que nunca supo, pudo o le interesó normalizar esta controversia, mientras tanto los empresarios allegados al poder extienden los servicios de permisionarios sobre jurisdicciones controversiales desde el punto de vista jurídico, de límites difusos y bajo distintos alcances de la ley. Precisamente esta confusión, es un punto clave de donde se anclan los argumentos de quienes firmaron acuerdos de inversión y no los cumplieron, para justificar que no hacen las obras comprometidas.

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