En respuesta a la oposición, el Gobierno descarta que pretenda confiscar acciones de empresas

En respuesta a la oposición, el Gobierno descarta que pretenda confiscar acciones de empresas

El Ejecutivo se desmarcó del proyecto de la diputada Fernanda Vallejos para que el Estado reciba acciones de las compañías inscriptas al programa ATP. El alcance del próximo salario complementario y el bono IFE ANSeS, bajo revisión.

El comité de evaluación y monitoreo del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), esa "mesa chica" compuesta por funcionarios de varias reparticiones con incidencia en la economía y encargada de abrir o cerrar el grifo de la ayuda estatal para empresas y trabajadores, asegura que en lo inmediato no se tomarán más medidas invasivas sobre las pequeños, medianos y grandes empleadores que demandaron auxilio para el pago de salarios, el diferimiento de compromisos tributarios o financiación subsidiada para recuperar condiciones de volver a operar tras el parate casi total en el que entró al actividad como consecuencia del aislamiento dictado para refrenar la propagación del coronavirus. 

A comienzos de semana, la oposición había cargado con dureza la iniciativa de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos, quien trabaja en un proyecto de ley para estatizar una porción de las acciones de grandes corporaciones que han requerido asistencia estatal para pagar sueldos o bien reprogramar el pago de aportes patronales y otras contribuciones. Rápidamente Juntos por el Cambio lo catalogó lisa y llanamente como "una confiscación encubierta".

Según pudo saber este diario por documentos oficiales, el Estado ya pagó parte del salario de abril de 2,2 millones de asalariados que trabajan en 247.000 empresas. Entre las empresas beneficiarias, solo el 0,1% son grandes compañías con más de 800 empleados. Entre esas 200 y algo más de compañías, el Estado ya tiene participación a través de las acciones heredadas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la época de las AFJP.

Fuentes del gabinete económico aseguraron a este diario que las medidas más "polémicas" ya fueron comunicadas y, en caso de provocar el escozor, la AFIP ya puso en marcha un mecanismo para que las firmas renuncien al beneficio e incluso devuelvan la ayuda. Muy pocas hicieron provecho. 

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El comité ATP elevó esta semana los requisitos que exigirá a las grandes compañías receptoras de la ayuda estatal. En un principio, había definido que los empleadores con más de 800 individuos bajo relación de dependencia estarían impedidas de distribuir utilidades, recomprar acciones, adquirir títulos en pesos para su posterior venta en moneda extranjera, transferencia en custodia al exterior o posterior liquidación en el extranjero, por el corriente año.

Tales restricciones, fijadas para evitar la fuga de dólares del sistema y la presió sobre el tipo de cambio oficial a través del dólar contado con liquidación (CCL) fueron extendidas a todas las empresas beneficiarias del programa ATP, y en el caso de las grandes compañías, las inhibiciones se extienden por dos años. Además, el BCRA y la CNV intercambiarán información con la AFIP para detectar y punir incumplimientos a la normativa.

ATP e IFE, más focalizados

Fogoneado o no, la sospecha (infundada) de que el Estado podría hacerse con parte del capital social de las compañías asistidas podría llevar a una retracción de la inversión total para el pago del medio salario de mayo, a depositarse en los primeros días de junio. De todos modos, esos cálculos también podrían ir a la baja

Para hacerse beneficiario de la ayuda estatal, las compañías de los sectores oficialmente considerados afectados deben demostrar una caída de la facturación interanual o un crecimiento nominal del 5% (equivalente a una retracción del 30%, ajustando por la inflación) entre abril de 2020 y abril de 2019.

Con las sucesivas reaperturas y excepciones habilitadas en el cuarto mes del año por la Jefatura de Gabinete, junto a las actividades que continuaron su marcha más allá de la cuarentena (como es el caso de muchos servicios) el universo de beneficiarios del salario complementario podría restringirse considerablemente, sea porque no alcanzan los niveles de caída exigidos, o bien retomaron aunque sea en parte la actividad

En otro orden, la ANSeS avanza con una completa revisión el esquema de pago a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El organismo de la seguridad social calcula que el 3 de junio terminará de pagar al último tramo del bono de $ 10.000, el cual se pretendía en un inicio acotado a una población mucho más acotada de los casi 8 millones de inscriptos.

A la fecha, el organismo a cargo de Fernanda Raverta no asegura que el refuerzo del IFE correspondiente a mayo sea de $ 10.000, por su costo fiscal. De momento, aseguran que ese número es el más probable, y que su segundo abono, que es extraordinario y no se prolongará en el tiempo, se ajustará a los que efectivamente recibieron el primer pago. El margen entre los inscriptos y los finalmente alcanzados marcará un primer filtro.

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