“Estamos yendo a un sistema acusatorio donde los fiscales son los que van a investigar y van a tener el ejercicio de la acción penal”, sostuvo el funcionario.

Consultado sobre la gestión de Gils Carbó agregó: “El Gobierno tiene una visión crítica. Probablemente ese tema se pueda o no judicializar”. La iniciativa plantea limitar el mandato del procurador, actualmente vitalicio, a cinco años de duración, con la posibilidad de renovar por otros cinco a propuesta del Poder Ejecutivo. Pero el proyecto no prevé una cláusula transitoria que resuelva con retroactividad el caso puntual de Gils Carbó, quien podría alegar que su mandato se rige por el sistema anterior, argumento al que la Corte difícilmente puede oponerse.