“Los nombramientos en el sector público que reconozcan como única causa el parentesco o afinidad con el funcionario que realiza la designación, resultan contrarios a la ética que debe guiar los actos y conducta de todo servidor o funcionario público”. Con esos argumentos, un diputado provincial del oficialismo presentó un proyecto para prohibir las designaciones de hijos y parientes en todos los poderes del Estado.

La iniciativa promete generar ruido. Su autor es el legislador de Cambiemos, Guillermo Castello, un dirigente de la Coalición Cívica, el sector que lidera Elisa Carrió. Y se basa en situaciones que se registran en diversos estamentos oficiales donde muchos funcionarios recurren a sus parientes para ocupar cargos de relevancia en la gestión pública.

En Bragado, por ejemplo, el intendente oficialista Vicente Gatica colocó al frente de la secretaría de Desarrollo Social a su hija Natalia. Y el marido de ésta Mauricio Tomasino, es el secretario de Gobierno.

No es el único caso. En Hipólito Yrigoyen, el peronista Jorge Cortés nombró a su esposaSonia Gallinotti como directora del Centro Regional Universitario. Su hermano, José Cortés, está al mando de la Secretaría de Seguridad. Y la hija del alcalde trabaja en el servicio local de Minoridad.

Los casos se multiplican por toda la Provincia. En Mercedes, por ejemplo, el intendente camporista Juan Ignacio Ustarroz, medio hermano del diputado nacional Eduardo “Wado” de Pedro y sobrino del ex diputado provincial Alberto España, tiene a varios de los suyos en el equipo municipal.

El mejor ubicado es su hermano Gerónimo, quien se desempeña como jefe de Gabinete. Antes, vale recordar, fue director general de la Administración del Ministerio de Justicia y funcionario del Consejo de la Magistratura y de la Secretaría General de la Presidencia. Aderroz colocó a su hermano Gerónimo como jefe de Gabinete. Su suegra, Silvia Respuela, trabaja en la rirección de Cultura junto a su tía, Claudia Révora.