La pata marplatense

La pata marplatense

Lavado de activos | La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal confirmó procesamientos que incluyen al eslabón local de una enorme empresa dedicada al lavado de dinero. Se incluyen nombres muy conocidos y profesionales notables. Todos se hicieron ricos, riquísimos.

La portada del expediente habla de Daniel Muñoz, quien fuera secretario de Néstor y Cristina Kirchner, y amasó una fortuna rápida de unos 70 millones de dólares. El procedimiento fundamental fue el lavado de dinero: compró, utilizando el nombre de ciertos testaferros, una serie de propiedades en el exterior, para que no hubiera que rendir cuentas tributarias acerca del origen de los fondos.

Los llamados «Panamá Papers» generaron, en su momento, un escándalo que atrajo las miradas hacia él, por lo que cambió de sitio las inversiones que tenía en Estados Unidos, y las recondujo hacia otros destinos más ocultos.

Por supuesto que Muñoz no actuó solo, sino que necesitó armar ciertas sociedades con personas que prestaban sus nombres para que las empresas de Muñoz pudieran adquirir bienes sin ser detectadas.

El juez Claudio Bonadío había procesado a más de veinte personas, y la Cámara Federal confirmó la mayoría de esos procesamientos, por lo que los imputados irán a juicio oral y público. Carlos Stornelli acusó a 26 personas de participar de la estructura jurídica, societaria y bancaria empleada para convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita. En el listado de acusados se incluyen familiares de Muñoz y de su esposa Carolina Pochetti: hay empresarios, agentes inmobiliarios, inversores, escribanos y abogados que formaron parte de un entramado armado para invertir dinero negro en el país, y por supuesto, en esta ciudad. A través de tales testaferros, Muñoz se convirtió en dueño de garajes en la Capital, y de propiedades en las localidades santacruceñas de Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedrabuena, Puerto San Julián y El Calafate. Invirtió en San Martín de los Andes y en Lago Puelo. Pero también se supo que el entramado llegaba hasta Mar del Plata, donde sumó terrenos a su patrimonio, así como en Villa La Angostura, Ushuaia y en Punta Ballena, Uruguay.

Por todo lo expuesto, resultaron acusados Daniel Omar Blanco, Stella Marys Blanco, Daniel Roberto Eloy Bona, Gregorio Sebastián Ludman, Alejandrina Pochetti, Pablo Gastón Raies, Víctor Alejandro Manzanares, Luis Antonio Gugino, Gabriel Fernández Dieguez, Fernando Martín Herrera, Susana Noemí Muñoz, Mauro Gabriel Profético, Rubén Francisco Silva, Marcelo Adrián Timpanaro, Pablo Alejandro Buscaglia, Andrés Mercuri, Mariano Antonio Montes, Fausto Alejandro Machado, Roberto Néstor Sosa, Carolina Pochetti, Carlos Temístocles Cortez, Leonardo Daniel Llaneza, Rubén Horacio Llaneza, Sergio Esteban Todisco y Elizabeth María Herminia Ortiz Municoy. También Perla Aydee Puentes Resendez, mexicana casada con el primo de Carolina Pochetti, cuyo procesamiento incluirá un proceso internacional más complejo.

La manzana

En el marco de la causa se supo, a través de la declaración de Sergio Todisco, que en su momento Muñoz quiso desprenderse de un complejo de cabañas en Lago Puelo, y que lo había entregado como parte de pago —junto con tres millones de dólares en efectivo— para adquirir el terreno baldío que está entre las calles Juan B Justo, Valentini, Bestoso y Solís de esta ciudad.

En aquel entonces, Todisco compró en comisión el paquete accionario de Saldaria SA, a cuyo nombre se encontraba registrado aquel inmueble. La operación se registró en la escribanía Fabregat Buscaglia. Pero luego, el paquete accionario de Saldaria SA fue cedido a la offshore North Saldaria Llc representada por Rubén Silva, pero por un precio distinto. Se dijo que había sido pagado en el exterior a través de la cancelación de deudas a la vendedora.

Las certificaciones también son de Buscaglia. Precisamente, uno de los integrantes de Saldaria SA declaró que el escribano Buscaglia era una de las cuatro personas que tenían la propiedad de ese valioso terreno. Cuando se cedieron las cabañas, quien recibía los inmuebles era la firma Fidias, cuyo apoderado se había designado tres días antes en la escribanía de Buscaglia. Años después, el mismo escribano era designado presidente del directorio. Sí, de Fidias, en una asamblea supuesta de febrero de 2015.

Dice el dictamen reciente: “consideramos que la conducta del nombrado no se habría limitado a la mera realización de actos neutrales, sino que a través de sus intervenciones en los negocios sospechados, habría prestado colaboración a otros encartados”.

Otro de los que había participado en la compra del terreno fue Rubén Silva, que representaba a North Saldaria Llc, constituida en Estados Unidos. Silva intervino además desde WV Marluc SA, para que Muñoz pudiera adquirir un departamento ubicado en Boulevard Peralta Ramos de esta ciudad, sin dejar el menor rastro. La operación se hizo por 450 mil dólares. Obviamente en la escribanía de Buscaglia.

Los escribanos

Otros varios escribanos aparecieron nombrados en el marco de la causa. Se trata de Ricardo Leandro Albornoz, Jorge Marcelo Ludueña y Mariano Montes, de quien se dijo que“habrían efectuado aportes indispensables para la concreción de las maniobras de lavado de activos que nos ocupan”. Todos ellos intervinieron en la confección de docenas de escrituras que aparecen conectadas con las operaciones investigadas, aunque asegura en juez que es necesario pasar un segundo filtro que asegure que los profesionales efectivamente participaron o no de la actividad delictiva. Los notarios Montes y Mercuri también habrían participado de las innumerables maniobras investigadas.

Por tales razones, la Cámara ahora modifica los valores de algunos de los montos de embargos preventivos, y establece para los notarios Montes y Buscaglia la cifra de $180.000.000, teniendo en cuenta los elevados montos de las operaciones en las cuales intervinieron. Si bien se confirmaron la mayoría de los procesamientos mencionados, en el caso del último escribano la corte decidió modificar la calificación legal que se le endilga, y considerarlo como un partícipe necesario en el delito de lavado de activos, agravado por ser parte de una asociación que se formó para la comisión continuada de hechos similares, cuando además actuaba en el ejercicio de una profesión que requiere de una habilitación especial para la práctica.

También se revocó el procesamiento de Albornoz y Ludueña por falta de mérito, por lo que dejaron sin efecto los embargos consecutivos. No obstante, el listado de operaciones investigadas es sumamente extenso, y en el devenir de las declaraciones de los imputados pueden abrirse nuevas líneas investigativas que alienten al tribunal a nuevas investigaciones. ¿Cuántas veces el ciudadano de a pie se habrá preguntado por el enorme terreno de la avenida Juan B Justo, verdad? Allí puede verse para qué funciones está reservado un predio preferencial que podría haber servido para la construcción de viviendas, y así satisfacer necesidades habitacionales de una ciudad el permanente crecimiento. Próximamente la causa deparará novedades ya que los imputados están en las puertas del juicio oral y público.

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