Pero ayer el Gobierno volvió a cambiar las reglas de juego: el proyecto reedita el conflicto con aquella empresa; les permite a las telefónicas brindar servicios audiovisuales, algo que estaba vedado, y, además, le asigna al Gobierno un fuerte poder de intervención.

En efecto, varios especialistas consultados por LA NACION coincidieron en señalar que, de ahora en más, las telefónicas -que tienen el 70% del mercado de las comunicaciones y representan el 85% de la facturación- tendrán un peso aún mayor en el mercado de las telecomunicaciones, la banda ancha y el video.

"Es un nuevo capítulo de la ley de medios, porque esa ley perjudicaba al Grupo Clarín, pero no les abría la puerta a las telefónicas. Ahora, las telefónicas sí podrán entrar", sostiene el ex secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar.

Y agrega: "El Gobierno pasa de ser un Estado regulador a un Estado interventor, donde podrá definir todas las relaciones entre las empresas, composiciones societarias, tarifas, precios de interconexión, etcétera. Es curioso. Hace tres meses el Partido Comunista Chino liberó las tarifas para atraer inversiones".

Tal vez por eso, si bien el artículo 1° de la ley dice que toda la actividad de las comunicaciones será de "interés público", el artículo 15 le entrega al Gobierno un muy fuerte poder de intervención en muchos aspectos, a los que declara "servicio público esencial".

Quienes estudiaron el proyecto destacan algunos cambios:

-A partir de ahora, las empresas de telefonía estarán expresamente autorizadas a dar servicio de video, algo que estaba vedado incluso por un fallo de la Corte.

-El artículo 25 de la ley de medios había establecido que las empresas de servicios públicos (como Telefónica, que brinda telefonía fija) no pueden ser titulares de un medio audiovisual. Por eso, los directores minoritarios de la Afsca pretendían que Telefónica se desprendiera de Telefé. El nuevo artículo 9 deroga ahora esa prohibición. Ayer, llamativamente, Axel Kicillof, Julio De Vido y Jorge Capitanich se olvidaron de señalar esa novedad.

-Otro de los cambios tiene que ver con el uso de las redes: hasta ahora, las telefónicas operaban sobre su propia red, que habían heredado de la vieja Entel, y los cableoperadores sobre las redes que ellos mismos habían construido con inversiones privadas. Si se sanciona el proyecto, su artículo 39 permitirá que una empresa -aun cuando no haya invertido un peso- puede exigirle a otra que le facilite el uso de su red, para llegar a los mismos clientes con los mismos productos, pero sin hacer gasto de inversión. ¿Atraerá eso a las empresas a hacer nuevas inversiones?

"Una de las grandes telefónicas o, incluso, un operador pequeño podrán exigir que la empresa de cable facilite el acceso a la red para usar su última milla, llegar a la pared del vecino y ofrecerles a esos mismos clientes el mismo servicio de banda ancha a precio menor", dice un ingeniero que conoce por dentro la industria del cable.

Así, la nueva ley mezcla un nuevo capítulo de la pelea política iniciada hace cinco años con el Grupo Clarín con la vocación intervencionista que el Gobierno viene mostrando en los últimos años..