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Con durísimos reproches al Poder Judicial federal de Córdoba que actuó durante la dictadura, el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de los ex jueces federales Antonio Sebastián Cornejo, Miguel Ángel Puga y Carlos Otero Álvarez, en el marco de la llamada “causa de los magistrados” que investiga la actuación de ex magistrados y ex funcionarios judiciales del orden federal en Córdoba, en relación a víctimas de dictadura militar.

El exjuez Miguel Puga y el exfiscal Antonio Cornejo, también procesados. Les atribuyen encubrimiento de delitos de lesa humanidad.

Matilde Glineur Berne es una de las víctimas en los hechos por los que se investiga al Poder Judicial que se desempeñó en los ‘70. Indica que el trato era muy duro y que nunca hubo resolución por su denuncia

Carlos Otero Alvarez, quien se desempeñó como secretario del Juzgado Federal 1 de Córdoba durante la última dictadura, quedó detenido hoy en la prisión de Bouwer tras declarar ante la Justicia.

Está acusado de presunta complicidad con la dictadura cuando se desempeñó como secretario Penal de un juzgado. En 2008 integró el Tribunal que condenó a Menéndez.

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba solicitó por mayoría al juez de Primera Instancia “celeridad” en la instrucción de la llamada “causa de los jueces” que investiga la actuación magistrados y fiscales federales durante la dictadura militar.

La responsabilidad de jueces y fiscales que actuaron durante la última dictadura militar en Córdoba comenzó a ventilarse después de las condenas a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros represores por los crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria 1. En la primera audiencia oral y pública, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia escuchó los fundamentos de los abogados defensores de los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo y del ex juez Miguel Puga. Todos están bajo la lupa de la Justicia por no haber investigado las torturas a las que fueron sometidos treinta presos políticos detenidos en la UP1, asesinados entre abril y octubre de 1976.

Yanicelli, condenado a perpetua, había acusado al camarista de ordenar inteligencia. Queda aún el expediente en el Consejo de la Magistratura.

“Me pareció un momento de gran significación histórica”, reveló a Página/12 el juez del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba sobre el momento en que él mismo leía el fallo con el que se condenó a Videla y a Luciano Benjamín Menéndez.

El diputado radical negó las denuncias de un ex policía en el juicio a los represores, en Córdoba

La Cámara de Diputados declaró por unanimidad que los juicios por los crímenes de lesa humanidad constituyen una política de Estado. Esta excepcional decisión, por encima de los enconos políticos, fue silenciada por La Nación, que aboga por la impunidad, y por Clarín, que tergiversa o denigra cualquier acto que sospeche merecedor de la simpatía oficial. La suspensión a Garzón por aplicar en España la misma ley que en Subamérica convierte al Reino en una republiqueta.

A la módica dotación de jueces que se desempeña en los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba, por las vacantes de vieja data aún sin cubrir, se suma una ola de recusaciones e inhibiciones de magistrados.

Por Carlos Paillet.

La suerte de tres jueces federales de la ciudad de Córdoba se juega por estos días en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, en donde se ventilan presuntas irregularidades cometidas en el tratamiento judicial del llamado caso Piccón.

Se menciona al ex ministro delasotista Carlos Lascano y al actual fiscal federal José Asís para ocupar las vacantes en el Tribunal Oral N° 2. El N° 1, en veremos.

Dice que hay responsabilidades compartidas. Confirma que a fin de mes podría estar en marcha un nuevo juicio a Menéndez.

Querellantes en causas por violaciones a los derechos humanos dicen que el Tribunal Oral Nº 1 los involucró con denuncias al fiscal Asís que nunca hicieron.

Algunos juecistas están muy molestos con la decisión del intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, de echar del municipio a todos los funcionarios que tengan vinculación con el ex jefe municipal. Interpretan que en algunos casos se trata de “una persecución absurda”.

Consideró “temeraria” la denuncia que había formulado para apartar al vocal Otero Álvarez en una causa elevada a juicio.

Las vísperas de un nuevo aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976 encuentra a la Justicia otra vez enredada en polémicas con el Gobierno nacional, por la presunta dilación en los trámites de juicios por delitos de lesa humanidad cometidos al calor de aquella tragedia.