La base del acuerdo sería la coincidencia de posiciones en interpretar como hábiles los 180 días que marca la ley de fueros que tiene el pleno de una cámara legislativa para analizar el pedido del levantamiento de la inmunidad de arresto de la que gozan los legisladores.

"Los denominados plazos ordenatorios se cuentan en días hábiles y no tienen caducidad; como ocurre con la ley de trámite legislativo y los decretos de necesidad y urgencia", afirmó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital), ratificando la postura oficialista.

Si bien no hubo pronunciamiento oficial, voceros peronistas aseguraron a LA NACIONque el bloque que conduce Miguel Pichetto (Río Negro) también sostendrá que los plazos deben contabilizarse en días hábiles.

De coincidir ambas posturas en la reunión de labor parlamentaria que se celebrará este mediodía, perdería sentido la sesión especial, para las 18, que pidió el oficialismo.

Así lo confirmó Pinedo ante una consulta de ese diario. "Si no hubiera controversia, podríamos fijar una fecha para más adelante", respondió.

El kirchnerismo, por su parte, denunció la sesión como una movida más de la persecución del Gobierno contra la expresidenta. "Esto es una payasada, una persecución y una represalia contra Cristina Kirchner", afirmó el jefe del bloque del FPV, Marcelo Fuentes (Neuquén), a LA NACION.

El Frente para la Victoria no había definido hasta ayer si legitimaría con su presencia la reunión de labor parlamentaria convocada por la vicepresidenta Gabriela Michetti y en la que se definirán los parámetros de interpretación de la ley que reglamentó los fueros legisladores y funcionarios públicos y judiciales.

Más allá del silencio sobre la discusión de fondo, todo apunta a que el kirchnerismo respalda la teoría de que los plazos deben ser contados en días corridos, aunque la palabra final la tendrá la propia expresidenta.

Esta no es la primera oportunidad en que desde el kirchnerismo se intentaría aprovechar la oportunidad para declarar caído el pedido de desafuero del juez federal Bonadio. En febrero, la exsenadora y actual secretaria parlamentaria del FPV, Virginia García, sondeó la posibilidad de enviarlo al archivo junto con los expedientes denominados "oficiales varios", pero no tuvo éxito.