Durante la mañana de ayer, las mujeres se presentaron de manera voluntaria ante el Juzgado de Instrucción a cargo del juez de Control Nº 4, Isidoro Cruz, luego de que días pasados este dispusiera un allanamiento en un galpón de la organización social, en busca de las dirigentes.

Tanto Guerrero, quien adquirió notoriedad a través de un vídeo en el que se la puede observar retirando bolsones con dinero de un banco presuntamente destinado a la organización a la que pertenece, como Jaldin,directora de la Escuela Bartolina Sisa, están imputadas por los delitos de “violación de domicilio y amenazas” proferidas contra cooperativistas del barrio Alto Comedero, a los que además habrían amenazado con quitarles las herramientas de trabajo.

Los damnificados radicaron la denuncia los primeros días de febrero, tras lo cual la fiscal Liliana Fernández de Montiel libro la orden de detención contra las imputadas.

“Cabe aclarar que ni desde la fiscalía ni desde el juzgado se notificó a Guerrero y a Jaldin de manera formal en sus domicilios reales sobre la existencia de un pedido de comparendo”, dijo el abogado de la Tupac Amaru y diputado provincial, Ariel Duarte, quien agregó que las mujeres se enteraron de “manera circunstancial” a través de “las declaraciones del jefe de la brigada de investigaciones hechas ante medios radiales y televisivos”.

Desde la organización social denunciaron las detenciones como parte “de un nuevo hecho urdido para criminalizar la protesta y en el marco de la persecución política que inició Gerardo Morales en su campaña electoral”, tras lo cual dieron su propia versión de lo ocurrido.

Según relataron a través de un comunicado, la “presunta violación de domicilio” tuvo lugar “en la fábrica de bloques que posee la organización y por supuestas amenazas, que inició un ex grupo de cooperativistas” de la Tupac, los que tras reunirse con Morales “procedieron a retirarse del acampe y con posterioridad” tomar el lugar, propiedad de la Asociación Civil que preside Sala.

Indicaron además, que el día de las presuntas amenazas, los ex cooperativistas ingresaron de “manera prepotente y obligaron a retirarse a los trabajadores del lugar” por lo que “difícilmente” Guerrero y Jaldin hayan podido “violar un domicilio ya que se trata de un establecimiento fabril que posee la organización”.

Por otrolad, advirtieron que si bien “en un primer momento en asamblea” se decidió no presentar la denuncia contra sus ex compañeros, “la misma será radicada y se probará que quienes han cometido un delito al usurpar el lugar” son los denunciantes.

Acusan a De Vido de ser “partícipe necesario”

El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, denunció ayer ante la justicia federal al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, junto a otros cuatro ex funcionarios nacionales y provinciales, por considerar que tuvieron una “participación necesaria del fraude a la administración pública”.

La denuncia refiere la “posible participación” de los funcionarios “quienes a través de omisiones funcionales en sus deberes de control de gestión y, en algunos casos, a través de conductas comisivas, en la autorización de transferencias de fondos estatales, efectuaron un aporte necesario sin el cual no hubiese sido posible el fraude a la administración pública”.

Los hechos, según continúa el escrito, fueron consumados en Jujuy por los integrantes de la “Cooperativa Pibes Villeros, formada por Patricia Margarita Cabana, Javier Rosario Rivero, Iván Dante Altamirano, estos últimos liderados por Milagro Sala”, quienes “conformaban una asociación ilícita” cuyo objetivo era “defraudar a la administración, encauzando ilícitamente fondos públicos”.