Dos hombres de extrema confianza de Mauricio Macri se jugarán mañana un partido clave en Washington para intentar salvar a la Argentina del juicio por la estatización de YPF, el litigio internacional más importante que enfrenta la Argentina y que podría poner en juego hasta 5000 millones de dólares, según cálculos oficiales.

El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y el principal cerebro jurídico de Mauricio Macri y directivo de YPF, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, llegarán mañana a los Estados Unidos para entrevistarse con funcionarios del Departamento de Estado norteamericano.

La audiencia se da porque el Gobierno interpuso un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para que el máximo tribunal analice si la demanda por YPF se trata de un caso comercial (que puede ser tratado en ese país) o si se trata de un caso de inmunidad soberana, que debe trasladarse a los tribunales argentinos, como espera la gestión de Mauricio Macri.

En una medida celebrada por el gobierno argentino, la Corte de los Estados Unidos le pidió al solicitor general (procurador) de la Casa Blanca, Noel Francisco, que se pronuncie sobre la controversia. Y este, a su vez, pidió que el Departamento de Estado emita un dictamen, aunque no vinculante, sobre la cuestión. El Departamento de Estado debe analizar si le conviene a los intereses de los Estados Unidos que el juicio de YPF se dirima en una u otra jurisdicción.

Así, Saravia Frías y Rodríguez Simón, junto con los abogados del bufete Skadden, Arps asistirán hoy al Departamento de Estado para defender la postura argentina. El martes se entrevistarán con el solicitor general.

El caso

La Argentina enfrenta un reclamo de Burford Capital, el fondo especulativo que se quedó con el derecho a litigar del Grupo Petersen (de la familia Eskenazi) por la estatización de YPF del año 2012. La familia Eskenazi creó las firmas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora para adquirir el 25% de YPF cuando la controlante era Repsol. En 2012, la estatización impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de las acciones Clase D de la compañía, pertenecientes a Repsol, pagándole la correspondiente compensación.

Las firmas de la familia Ezkenazi terminaron yendo a la quiebra, con el argumento de que no podían cubrir sus deudas. Así apareció el fondo Burford, un especialista en litigios de empresas concursadas o en bancarrota, para comprar el derecho a litigar de Petersen por U$15 millones y convertirse en demandante del Estado argentino. En 2015, Burford inició una demanda en la Corte de Nueva York alegando un incumplimiento del estatuto de YPF al realizarse la expropiación.

Pero en el Gobierno aún tienen dudas por la letra chica del acuerdo entre los Eskenazi y el fondo Burford.

Por eso, la gestión de Mauricio Macri decidió jugar a dos bandas y abrir también un proceso jurídico en España. ¿Con qué objetivo? Que la Justicia determine si el contrato entre Burford y los Eskenazi fue una venta por los derechos del juicio contra la Argentina o si, en cambio, simularon un contrato de financiamiento. Es decir, el fondo no apareció adquiriendo los derechos a la indemnización, sino que figura como financista de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Según documentos a los que accedió LA NACION, el Gobierno e YPF, con trámites paralelos, pidieron ante la Justicia española la nulidad por "simulación relativa" de los contratos suscritos por Grupo Petersen y el fondo Burford que llevaron los nombres de "contrato de prosecución de reclamaciones" y "contrato de prenda".

El objetivo del oficialismo es dejar sin validez el acuerdo entre los Eskenazi y Burford en España para así asestarle un golpe mortal al juicio que se tramita en los Estados Unidos contra la Argentina.