El Gobierno de Alberto distribuye miseria, la miseria que dejó Macri. El Destape pudo acceder a las primeras estimaciones de la UCA, que admiten que en diciembre se llegó a un 42,6% de pobreza y un 10,2 % de indigencia. Casi 5 millones de argentinos con hambre. Durante su mandato Macri triplicó la mortalidad por falta de consumo de medicamentos, la deuda pasó del 48 al 90 % del PBI y se extendió a 100 años, cerraron más de 40 mil pymes y el desempleo pasó del 6 al 10 %. La inflación 2019 superó el 54%. 

Ante semejante escasez, lo que distribuye Alberto siempre sabe a poco, como el aumento jubilatorio.

Pero a pesar de la miseria heredada, el gobierno hizo un anuncio que no fue reflejado debidamente en los medios, quizá porque el mismo presidente no lo categorizó: el de los medicamentos. El hecho de que desde marzo 170 drogas en 2700 presentaciones se despachen con un descuento del 100% representa claramente la creación de un nuevo derecho: los jubilados no morirán por falta de medicamentos. 

Con un anuncio como este Cristina hubiera hecho una cadena nacional, con madres y abuelas al frente, artistas en segunda fila y políticos y sindicalistas atrás. Es decir, hubiera puesto en valor político el nuevo derecho. Alberto tiene otro estilo, quizá porque busca sumar a un electorado que abomina de esos gestos. 

El costo del programa será, como mínimo, de 30 mil millones de pesos anuales. Los jubilados gastan en promedio un 25% de sus ingresos en medicamentos; este anuncio, entonces, significa mucho más que el aumento nominal de las jubilaciones. 

Respecto al total del dinero que el Ejecutivo destinó al pago de jubilaciones, pensiones y AUH -incluyendo el bono de enero y febrero- es el mismo que con la fórmula de Macri: no hubo un ajuste. Lo que sí se hizo fue una redistribución al interior del sistema, sacándole a los que que ganan un poco más para darle a los que menos reciben. 

La decisión de redistribuir dentro del sistema previsional es bien polémica, fundamentalmente porque se hace antes de ir a buscar fondos fuera del sistema, entre los que recibieron ganancias extraordinarias en los años macristas. 

Que devuelvan la que se llevaron

Los bancos con las Lebacs y leliq, las energéticas con los tarifazos y la oligarquía agropecuaria con el súper dólar y la baja de las retenciones recibieron una transferencia extraordinaria que, en parte, salió del bolsillo de los jubilados, que perdieron un 20 % de su poder adquisitivo en cuatro años. De ahí podían haber salido fondos para devolverles algo de lo perdido a los mayores. 

En un reportaje que el presidente me concedió antes de las PASO, prometió otorgar un 20 % de aumento a los jubilados el 10 de diciembre. Esa promesa no la cumplió. Es cierto que Macri le cambió el escenario cuando luego de su derrota implosionó la economía, llevando el dólar de 40 a 60 pesos e impulsando la fuga de 15 mil millones de dólares. También lo es que los medicamentos gratis que anunció el presidente representan un porcentaje aún mayor del gasto de los jubilados. 

Funcionarios y analistas cercanos a Alberto señalan que aún no se equilibra la relación de fuerzas en el país como para avanzar sobre los sectores ganadores de la era Macri. En una región en la que la derecha se cargó a Evo Morales en un suspiro, en la que derrocaron nada menos que a Dilma Rousseff, en la que encarcelaron a Lula y persiguieron a Correa y Cristina, los gobiernos progresistas se mueven con cautela. 

En ese contexto, Alberto hizo dos cosas: 

*Creó una cadena de contención social, con la tarjeta alimentar y los medicamentos gratis para jubilados. La semana que viene se anunciará el Plan Remediar, que completará una cobertura de remedios gratis para 15 millones de personas. 

*Y por otra parte, aunque no jugó la carta de un impuesto extraordinario a los ganadores del macrismo, sí frenó la fiesta: congeló tarifas y combustibles, actualizó las retenciones y bajó fuertemente la tasa de interés con la que se llenaron de guita los bancos. 

El plan que Alberto no quiere contar.

Lo que viene es la renegociación de la deuda. El presidente ha repetido que debe arreglarlo en marzo, pero la verdad es que el país podría hacer frente a los vencimientos hasta octubre. La razón por la que apura las cosas es porque tiene que lanzar su plan. Los sindicatos quieren definir sus paritarias a principios del segundo trimestre y a partir de ahí se arma el rompecabezas. Lo que tiene Alberto en la cabeza para 2020 es: 

*Salarios 30%

*Dólar 20%

*Tasa de interés 25%

*Tarifas de gas y luz el 20%

Así, con un leve aumento de ingresos y un fuerte impulso al crédito, espera lograr que la economía arranque. 

El lawfare continua

La persecución a los miembros del peronismo durante el Gobierno de Macri se instrumentó para imponer un plan económico que transfirió cientos de miles de millones de toda la sociedad a la elite. Esa amenaza continua vigente. Milagro Sala continua presa a pesar del audio del líder del Tribunal Superior jujeño confesando que Milagro es una presa política. También sigue en la cárcel Amado Boudou luego de que Ari Lijalad revelara que Macri le pagó a Vandenbroele para que lo inculpe.

Los medios siguen publicando ficción. Es cierto que no atacan de manera personal a Alberto y guardan sus dardos para Cristina. Pero tienen una estrategia que apunta a romper la coalición gobernante y que, de tener éxito, dañaría por igual a Alberto que a Cristina, ya que, al menos por ahora, no hay coalición sin Cristina. El lawfare, que llegó para imponer un plan económico, seguirá siendo un condicionante mientras siga vigente. 

Ella juega

Esta semana desde Cuba, Cristina hizo su primer movimiento político en búsqueda de influir en la economía: afirmó que hay que hacerle una quita al FMI y que el Estado debe poner plata en el mercado para impulsar el consumo. 

El momento no fue casual. La vicepresidenta se involucró después de que el mismo Alberto tomara nota de que la estrategia de acercamiento amistoso con los acreedores no estaba dando resultado. Tanto Kicillof como Guzman recibieron las frías respuestas de los grandes fondos. Ahora saben que Fidelity y Templeton van por todo. 

La respuesta es mostrar que no va a haber un ajuste, que recién en 2023 se espera superávit fiscal y comenzar con declaraciones menos amistosas. En ese contexto Cristina habló. Su palabra pesa porque los medios locales le hicieron tal fama que ahora los acreedores piensan que puede querer un default. Alberto necesitaba ese impulso porque los acreedores se habían envalentonado pensando que el presidente jamás elegiría el camino del no pago. Sin ese miedo, pedían cobrar el 100 %. Ahora la negociación será más equilibrada.