Para defender la reforma participaron del plenario ayer el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini, de la Secretaría de Energía Mariana Matranga, y el presidente de YPF Miguel Galuccio.“Este proyecto es una herramienta fundamental que permitirá consolidar el proceso que iniciamos en mayo de 2004 y lograr la soberanía hidrocarburífera”, dijo De Vido. “Incorpora nuevos beneficios e ingresos directos para las provincias e incrementa las exigencias a permisionarios y concesionarios”, añadió.De Vido llamó a “adecuar la ley de hidrocarburos a las necesidades y al escenario creado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con la recuperación de nuestra empresa de bandera YPF”.El funcionario destacó que la iniciativa surge del diálogo de la Nación con los gobernadores de las provincias petroleras y afirmó que para atraer inversiones establece un “tratamiento fiscal uniforme en todas las jurisdicciones” y requisitos de cuidado ambiental.En sintonía con el ministro, Galuccio sostuvo que la medida “apunta a atraer inversiones y que nosotros, a cambio de industria, podamos producir lo nuestro y dejemos de exportar”. Y precisó: “Un objetivo fundamental es que se produzca el desarrollo del no convencional y que empecemos a transitar el camino para poner en valor el off shore”.En tanto, Matranga aseguró que, de aprobarse, la ley será “moderna, completa, homogénea y transparente”. Para contrarrestar las críticas que surgieron de algunos ámbitos opositores respecto a los alcances, aseveró que es “más exigente respecto de la ley anterior”.El proyecto apuesta a que YPF sea el factor principal en la recuperación del recurso ya que la petrolera de bandera tendrá un rol principal, asociados a empresas privadas internacionales, en el desarrollo de inversiones para recuperar el autoabastecimiento energético.No obstante, el senador del Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereyra (a su vez dirigente sindical de los petroleros) manifestó su oposición en el debate de la Cámara Alta y denunció la existencia de “presiones” a los gobernadores para que cambiaran su postura.