Jamás el kirchnerismo había apostado tan fuerte a reformar la Justicia como lo hizo en 2013. El año pasado, la presidenta Cristina Kirchner se propuso recortar las atribuciones de la Corte Suprema, crear nuevas cámaras de casación por encima de los tribunales de apelación y refundar el Consejo de la Magistratura , en un plan que preveía la "elección popular" de los miembros de este organismo, el encargado de elegir y de controlar a todos los jueces nacionales y federales. También, reescribir los dos códigos de fondo que son la base del sistema legal argentino : el civil (que, de aprobarse la reforma, será de ahora en más civil y comercial) y el penal. El plan era ambicioso, generó resistencias muy fuertes y, en su enorme mayoría, fracasó.

El gran paquete de leyes de reforma judicial, presentado como la "democratización de la Justicia", pasó sin mayores inconvenientes por el Congreso, donde la mayoría kirchnerista lo sancionó casi sin cambios. Pero fueron los propios jueces los que lo invalidaron con declaraciones de inconstitucionalidad.

La principal responsable de desactivar la reforma fue la Corte Suprema, con el apoyo de la mayoría de las organizaciones del mundo del derecho. El golpe más fuerte fue cuando dejó sin efecto la ley del Consejo de la Magistratura, que le hubiera dado al oficialismo de turno las mayorías necesarias para seleccionar jueces y someterlos a juicio político. La nueva norma preveía que bastaba una mayoría simple para enjuiciar a un magistrado. Como establecía que los consejeros se elegían junto con el presidente, sólo un inédito caso de corte de boleta hubiera permitido que el partido que ganara las elecciones presidenciales no se llevara, además, más de la mitad del Consejo de la Magistratura. Antes, el máximo tribunal había conseguido frenar el proyecto de ley que le quitaba a la Corte el manejo del presupuesto del Poder Judicial para dárselo al Consejo. Esa iniciativa no llegó siquiera al Congreso. La Presidenta accedió a dar marcha atrás.

El "paquete democratizador" incluía además aspectos que siempre habían sido regulados por los propios jueces; legislaba el ingreso de los trabajadores de la Justicia y la publicidad de los fallos, así como el régimen de las declaraciones juradas de los magistrados. Además, limitaba por ley las medidas cautelares.

Los aspectos centrales de la reforma fueron cuestionados por las principales agrupaciones de jueces y de abogados, que impulsaron amparos y celebraron que el plan del Gobierno no hubiera prosperado.

En contra de las estructuras tradicionales de representación de los magistrados, entró en escena el último año Justicia Legítima, una agrupación cuya cara más visible es la procuradora Alejandra Gils Carbó, y que defendió todos los cambios que impulsó la Casa Rosada. Ante el fracaso del plan, dio a conocer este mes una declaración donde lamentó que no se estuviera concretando "la ansiada democratización", y culpó de ello a "los poderes reales que siguen actuando al seno de las corporaciones" judiciales.

En cuanto al resto del paquete de leyes, la referida a las medidas cautelares ya tuvo varias declaraciones de inconstitucionalidad. Sobre las nuevas casaciones, una acordada dijo que no funcionarán hasta que no estén designados los camaristas (los concursos ni siquiera comenzaron). La publicidad de los fallos seguirá como hasta ahora, a cargo del Centro de Información Judicial (CIJ), y las declaraciones juradas de los jueces las seguirá manejando el Poder Judicial.

En lo que respecta a los códigos, el civil y comercial terminó el año con media sanción y el oficialismo postergó hasta el año próximo su tratamiento en Diputados. Había sido redactado por una comisión integrada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Aída Kemelmajer de Carlucci, que reunieron las propuestas de un centenar de expertos. El kirchnerismo le hizo cambios de último momento y terminó aprobándolo en soledad, con Miguel Pichetto diciendo que lo votaba por "disciplina partidaria", pero que esperaba que Diputados le hiciera modificaciones.

En cuanto al proyecto de Código Penal, la comisión redactora terminó su trabajo, pero falta un largo camino hasta su sanción. No es el primer intento kirchnerista de reforma de un código, que con sucesivas reformas parciales se volvió desproporcionado en sus penas y caótico.

Otra novedad de este año fue que la Presidenta envió al Senado más de 20 listas para designar conjueces en diferentes tribunales vacantes. Elaborar las listas era una obligación que la ley imponía desde hacía más de cinco años, pero el Poder Ejecutivo no lo había hecho. Hasta el mes pasado, sólo había enviado candidatos para un par de casos puntuales de vacantes que le interesaban, como las de la cámara donde estaba el caso Clarín. Las nuevas listas incluyen a muchos abogados de conocida afinidad con el Gobierno y esto generó críticas de la oposición. El Consejo de la Magistratura cerró el peor año de su historia y está casi paralizado, por lo que todo indica que los conjueces que se designen permanecerán en los cargos durante años.

La decisión final de la Corte de declarar inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura tensó al máximo la relación con el Gobierno. La pelea sólo se apaciguó con el fallo de la ley de medios. Fue el gran triunfo del Gobierno en un año donde casi todos sus planes para refundar la Justicia fracasaron..