Un hecho inédito en la Provincia de Buenos Aires, el gobierno bonaerense desconoció la gestión precedente en Aguas Bonaerenses S. A. (ABSA), cuando la empresa de participación estatal estaba bajo la administración de María Eugenia Vidal.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, como representante del Gobierno provincial, dueño mayoritario de las acciones de la empresa ABSA, desaprobó mediante un acta formal el ejercicio correspondiente al año 2019, en el cual la compañía se encontraba presidida por Raffaele Sardella en el transcurso de la gestión administrativa de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

El titular del área de Infraestructura, Agustín Simone, llegó a esta determinación una vez culminada la primera etapa de la auditoría realizada durante los primeros 90 días de la nueva gestión de la compañía. Tiempo durante el cual se determinó un sinnúmero de situaciones controversiales e irregularidades, como así también una deuda con proveedores y contratistas superior a los mil millones de pesos, que podría crecer si nuevos acreedores se presentan.

Al respecto, Simone mostró su disconformidad con el ejercicio de 2019 e indicó: “En este contexto, no solo no podemos aprobar un ejercicio en este Estado, sino que además lo analizaremos en profundidad porque no descartamos presentarnos como querellantes en la Justicia”.

Sobre la situación general de la empresa en el territorio bonaerense, el ministro aseguró: “Los municipios del interior tienen colapsadas las redes de agua y de cloacas, y las plantas depuradoras no tienen capacidad de tratamiento. Todos los intendentes coinciden en que en los últimos cuatro años se deterioró mucho el servicio de ABSA. Y encima dejaron una deuda millonaria”.

Destacó también que al asumir su cargo ya había advertido la crisis de la empresa. “ABSA se encuentra en una situación muy difícil, con falta de presupuesto y con una priorización de los gastos muy cuestionable” sostuvo en aquel momento.

Los puntos principales del informe de la auditoría remarcan que resulta inexplicable que el Sr. Sardella ejerciera la titularidad de ABSA y haya mantenido su puesto jerárquico en el Grupo Socma (vinculado al expresidente Macri), lo que presenta incompatibilidad manifiesta en el desempeño de ambas tareas en simultáneo y un evidente conflicto de intereses.

También deja en evidencia una deuda de más de mil millones de pesos con proveedores y contratistas, que podría ser más grande aún, y la concentración de recursos económicos en tres obras: la construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Primera Cuenca-Bahía Blanca, la construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de General Rodríguez y la rehabilitación de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi de Punta Lara.

Para ello, la empresa invirtió 3.656 millones de pesos más IVA, que obtuvo a través de un incremento tarifario autorizado por la exgobernadora a principios de 2016.

El convenio firmado con la empresa

Veolia para la rehabilitación de las instalaciones de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi de Punta Lara puede considerarse otro incumplimiento del marco regulatorio, ya que se trató de un subcontrato donde esa compañía le cobraba a ABSA el agua que potabilizaba. El mismo tuvo vigencia desde inicios de 2017 a fines de 2019, pero aún rige un período de garantía que vence el 31 de mayo próximo.

Se desvinculó al director de Ingeniería, Producción, Obras y Mantenimiento Alfredo Hatfield, quien ejercía el cargo sin contar con título profesional, provocando enormes pérdidas a la empresa, serias fallas en el diseño de los proyectos, falta de inspección e inexplicables decisiones.

Finalmente, se enumeran exorbitantes gastos sin justificación en alquileres, mobiliarios y vehículos por cifras que poco tenían que ver con la realidad de la empresa.

Las irregularidades de Sardella

Sardella ejercía la titularidad de ABSA y tenía un puesto jerárquico en el Grupo Socma (conflicto de intereses).

Deuda por más de mil millones de pesos con proveedores y contratistas que podría aumentar.

Cesación de pagos que promovió medidas que buscan evitar poner en jaque el funcionamiento básico (compra de cloro, potabilizantes).

Convenio firmado con Veolia para la “rehabilitación de las instalaciones” de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi de Punta Lara, la compañía le cobraba a ABSA el agua que potabilizaba.

Se desvinculó al director de Ingeniería, Producción, Obras y Mantenimiento de la gestión anterior, Alfredo Hatfield debido a su falta de idoneidad, serias fallas en el diseño de los proyectos, la falta de inspección e inexplicables decisiones.

Exorbitantes gastos sin justificación: alquiler por 40 millones de pesos anuales del edificio central de la empresa, inversión en equipamiento de ese edificio, alquiler de una oficina para el presidente en CABA por $556.380, adquisición de muebles por 12.555 dólares, adquisición de un sistema informático en dólares y la compra de cinco vehículos por casi cinco millones de pesos.

La obra del Acueducto Norte, que debía llevar agua a Villa Castells y Gonnet, acumula 80 roturas a un año de su inauguración.

La Planta de Ósmosis Inversa de Pehuajó fue contratada antes de conocerse la calidad de

agua existente a tratar.