El fiscal Taiano pidió reabrir una investigación por supuestas coimas en el dragado con Uruguay

Eduardo Taiano apeló ayer el archivo de una investigación penal contra el ex vicecanciller Roberto García Moritán por presuntas irregularidades en la extensión de un contrato por el dragado del canal Martín García, en el Río de la Plata.

La apelación se produjo ayer luego de que el juez federal Claudio Bonadío dictaminara que no se podía avanzar la investigación en la Argentina porque ese mismo hecho está siendo sometido a pesquisa en Uruguay por un magistrado de ese país, Néstor Valetti Rodríguez, y que ante ello se trata de evitar la "doble persecución penal".

Bonadío debía investigar si García Moritán le habría ofrecido una coima de un millón de dólares al presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata, el uruguayo Francisco Bustillo, para que le renovara el contrato de dragado del canal Martín García a la empresa Riovia SA, subsidiaria de la firmaholandesa Boskalis International B. V.

Además de concluir que García Moritán sería juzgado dos veces por el mismo presunto delito, la primera en la Argentina, la segunda en Uruguay, Bonadío señaló además que por la similitud de la investigación el juez del país vecino se negaba a colaborar.En la apelación ante la Cámara Federal, el fiscal Taiano remarcó que el "archivo es prematuro", ya que la garantía de evitar la doble persecución penal de una misma persona "presupone un cotejo serio de las causales que deben cumplirse para que se constate su violación, cotejo que no se efectuó en las presentes actuaciones".

Es que -según Taiano- el juez uruguayo Valetti Rodríguez "al rechazar el pedido de cooperación internacional solicitado, explicó que las actuaciones que allí tramitaban eran de similares características a la incoada por la autoridad exhortante". Para el fiscal "esa simple frase no resulta suficiente" para archivar el expediente y entender que en Uruguay se investigan a las mismas personas y el mismo hecho que en nuestro país.

El supuesto ofrecimiento habría ocurrido a fines de noviembre de 2010 y el caso abrió un nuevo capítulo de tensión en la relación entre la Argentina y Uruguay, que terminó con el veto de la Casa Rosada sobre la firma Riovia, a la que reclamó apartar de la nueva licitación. Finalmente, ambos gobiernos trabajaron en un acuerdo para destrabar el conflicto, que apunta a anular el llamado a licitación para las obras de mantenimiento del dragado y propone crear una empresa binacional estatal para las futuras obras.

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