Pareciera que para el gobierno aquello que no se muestra, no existe. Metida de lleno en la falacia de su propio relato, Cristina Kirchner no solamente ordenó dinamitar el sistema estadístico nacional, sino que también bajó línea para que directamente se le deje de informar a la ciudadanía sobre distintos indicadores sociales que ponen de manifiesto el fracaso de su gestión.

Así es como el Ministerio de Economía que conduce Axel Kicillof  le dio una vergonzosa respuesta a la jueza María José Sarmiento. Días atrás, la magistrada ordenó a esa cartera, a partir de un pedido de amparo presentado por la diputada Victoria Donda (Progresistas), entregar las cifras oficiales sobre la situación de la pobreza y la indigencia en la Argentina. La respuesta oficial fue canallesca: la Dirección de Legales de la cartera económica aseguró que no podía entregar los datos reclamados porque la medición no es realizada desde 2013. Como ya hizo en otras ocasiones el director del Indec, Norberto Itzcovich, los funcionarios pusieron a disposición una serie de indicadores para que la jueza, la diputada Donda o quien quiera calcule la pobreza con la metodología que prefiera.

En otras palabras, Economía delegó su responsabilidad sobre un tema tan sensible y sugiere que cualquiera podría medir las condiciones sociales de la población según el método que prefiera. Recordemos que Kicillof semanas atrás había dicho que difundir datos sobre la pobreza es “estigmatizante”.

“Es muy difícil poder combatir algo sin tener un diagnóstico, sino se mide, con el agravante que estamos hablando de una estadística oficial. Realmente ningún país serio del mundo hace este tipo de cosas. Los parámetros internacionales sostienen que una persona es pobre si vive con menos de 4 dólares por día (aproximadamente 64 pesos diarios, tomando como referencia el dólar blue). Siguiendo este parámetro entre el 25 y el 28% de la población argentina es pobre”, afirmó a Hoy el economista Jorge Colina, titular del Instituto de Desarrollo Social Argentino.

En igual sentido se manifestó Cynthia Pok, quien estuvo al frente de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC hasta que el organismo estadístico fue intervenido en el año 2007 por el inefable Guillermo Moreno, quien por aquel entonces se desempeñaba como secretario de Comercio y ahora es agregado comercial en la embajada argentina en Italia.

“Lo más grave es la manipulación, pero es cierto que hay un ocultamiento porque no se procesan los datos para generar un resultado", explicó Pok. Agregó: "Reconstruir las estadísticas es un procedimiento relativamente expeditivo. Tienen que salir todos los funcionarios de la intervención y los que ejecutaron las políticas de manipulación de las estadísticas públicas".

En definitiva, la respuesta que dio el gobierno a la jueza Sarmiento demuestra que en junio pasado la presidenta Cristina Kirchner mintió, de forma flagrante, cuando en su discurso ante las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (Fao) afirmó que en nuestro país el índice de pobreza está por debajo del 5% y la indigencia en 1,27%, “lo que ha convertido a la Argentina en uno de los países más igualitarios”.

Se espera ahora la resolución de la jueza Sarmiento. Si la decisión es avanzar, Donda podrá pedir que la causa se abra a prueba (y llevar a testigos que muestren sus cálculos de pobreza) o pedir sentencia sobre la cuestión de fondo. A pesar de que el Indec buscaría que todo quede abstracto con la justificación de que el viejo indicador ya no se calcula, quedó claro que el organismo trabajó en otras formas de calcular la pobreza, pero ocultó sus resultados.

Días atrás se supo que Economía había ordenado hacer una medición alternativa de pobreza -multidimensional- y que los números habrían dado que al menos el 25% de la población está bajo la línea de pobreza. Al enterarse del resultado de la medición, Kicillof ordenó archivar el trabajo. El kirchnerismo ya da vergüenza ajena.