El discurso mesiánico del Gobierno, planteando una y otra vez que hay un único Dios representado en la Tierra por el mercado que todo lo crea y distribuye. Y si algo sale mal, siempre está la opción de culpar al pasado populista o a la oposición golpista, como lo hizo en estos días Javier Iguacel, el secretario de Energía que salió en defensa de las distribuidoras de gas responsables del gran defalco a los consumidores.

Las compañías distribuidoras se comprometieron a pagar dolarizado el gas que compran a los productores pero lo trasladaron a los consumidores a un promedio de 20,34 pesos, que cotizaba la divisa en abril pasado. Desde entonces, el precio del dólar se duplicó y esa es la diferencia que exigen las productoras de gas que paguen las distribuidoras. En esa discusión, el Gobierno decidió que lo paguen los consumidores, eximiendo de responsabilidad a las distribuidoras.

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Cualquier empresa que paga insumos en dólares fija en forma paralela contratos de seguro para garantizar un valor a la divisa. En abril, los contratos de dólar futuro fijaban un valor máximo de 25 pesos para fin de año. Si en forma paralela a firmar el contrato con sus proveedores, las distribuidoras compraban los contratos de dólar futuro que respaldaran esa operación hoy no habría diferencia o sería mínima.

Esa es la conducta negligente que el Gobierno desconoce en protección de las distribuidoras y por la cuál ahora los consumidores deberán enfrentar una deuda estimada en 10.600 millones de pesos, más los intereses que por resolución de Iguacel son los más altos del mercado, consolidado en un sistema de préstamos francés que deja el pago del capital recién para el tramo final de las cuotas.

En el mercado financiero, el Gobierno lleva adelante una política de tasas desorbitantes para sacar pesos del mercado de tal forma de forzar una baja del dólar y ayudar a contener la inflación. Esa política instrumentada con acuerdo del Fondo Monetario Internacional está generando una nueva bicicleta financiera, que implica que fondos del exterior llegan al país en dólares, se pasan a pesos aprovechan la tasa de interés y ante el menor riesgo vuelven a comprar dólares y se van del país.

En momentos en que el Gobierno alienta esa bicicleta, cuando los pesos son más caros que los dólares, Iguacel dispone pesificar la deuda y ajustarla por tasa de interés.

Ningún operador financiero elegiría esa estrategia. Cualquier fondo de inversión apostaría a comprar esa deuda, pagarle a las productoras de gas lo que se les debe en dólares y recobrarla en pesos con la tasa que fija el Banco Nación.

Esto implica que no solo se le saca responsabilidad a las distribuidoras por la negligencia de no proteger a sus consumidores en plena crisis cambiaria, que se extendió por los seis meses que duró el contrato sino que además se las beneficia con un negocio financiero. Con las ganancias que acumularon solo en 2017 pueden hacer frente a la deuda que mantienen con las productoras y quedarse con la rentabilidad extra del financiamiento.

No solo hay otro camino en política económica, como en cualquier orden de la vida, sino que es ahora un buen momento para reaccionar y pedir el cambio de rumbo.