Los empresarios reaccionaron de manera negativa frente a la información que trascendió en las últimas horas respecto de la existencia de un "anteproyecto" de reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que consideran que afectará el empleo. Referentes de diversos sectores se pusieron en alerta, a pesar de que el diputado nacional por el kirchnerismo Héctor Recalde minimizara la magnitud de los cambios que están en estudio en el Congreso y en el Gobierno. Recalde admitió en declaraciones radiales que existe una iniciativa en ese sentido, como anticipó ayer El Cronista, pero aseguró que no persigue "cambios profundos" a la norma. El legislador argumentó que el oficialismo prioriza una reforma por goteo de la ley, que ejemplificó con la idea de aumentar el tiempo de licencia por paternidad de 2 a 15 días. 

Fuentes del Ejecutivo habían anticipado que se trabaja en una reforma de la ley que incluiría nueva normativa. Además de incrementar las licencias parentales, ese nuevo código podría incorporar los comités mixtos de seguridad e higiene dentro de las compañías y la tan cuestionada idea de que las empresas distribuyan las utilidades entre sus trabajadores. 

"No me gustan las operaciones. Esto de generar alarma con que se viene ahora una avalancha de leyes que van a perjudicar a los empleadores, leyes antiempresa. Todavía no empezamos a trabajar", afirmó Recalde, quien agregó que presentó un proyecto de resolución que acompañaron diputados de prácticamente todos los bloques, "porque en la Comisión de Legislación del Trabajo había coincidencias en tratar de formular un anteproyecto de Código de Trabajo", sostuvo.

El presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, rechazó la iniciativa por considerar que ese tipo de proyectos no hacen más que "endurecer la posibilidad del ingreso al mercado de trabajo, son incentivos a la informalidad laboral y no a la formalización".

"Esto no se arregla haciendo más rígido el mercado de trabajo, sino eliminando burocracias, simplificando sistemas fiscales, para que las empresas contraten más empleo", agregó el dirigente. Y agregó: "Esta es una mala señal para cualquier expectativa de recuperación, producción y empleo, que es lo que todos queremos". 

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, coincidió en que el anteproyecto "agrega un elemento de incertidumbre que en nada beneficia a la creación de empleo" y que "tratar esto en un año electoral va a significar una disputa por ver quién es el legislador más generoso". También pidió que no se agreguen nuevos motivos para que continúe prosperando la industria del juicio y el autodespido.

De la Vega precisó que una vez que comiencen las sesiones ordinarias en el Congreso, a comienzos de marzo, reclamarán la participación en este debate. 

Desde el sector de la construcción también se manifestaron en contra de una iniciativa de ese calibre por considerar que expulsantrabajadores del mercado formal e incrementan la informalidad. "La idea de distribuir ganancias entre los empleados es ridícula. Va claramente en contra de la inversión y no se puede hacer en forma compulsiva", señaló el vice de la cámara sectorial, Gustavo Weiss.