Según se indicó desde Casa de Gobierno, la iniciativa del Poder Ejecutivo provincial solicitando la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Legislatura para tratar el proyecto de ley que permite implementar y llevar adelante Convenios Colectivos con los trabajadores del Estado, "constituye un avance significativo para formalizar las relaciones con las asociaciones gremiales, en un marco de mayor transparencia y mayor democracia".

Se destacó que en el año 1993 ya se había sancionado la Ley 4.679 de adhesión a la Ley Nacional 24.185 que instituyó el sistema de negociaciones colectivas para los empleados públicos nacionales. El contexto en el que se sancionó aquella normativa, donde no existían incrementos salariales y por el contrario se discutía permanentemente medidas de "emergencia económica" y "contención del gasto público" no estimuló su puesta en funcionamiento mediante la correspondiente reglamentación. A partir del año 2003, donde empezó a discutirse mejoras en las condiciones laborales para el sector público, se empezó también a ver la necesidad de utilizar las negociaciones colectivas como ámbito natural de discusión y consenso de esa temática.

También se señaló que para avanzar era necesario reglamentar dicha ley. Sin embargo había una situación que debía considerarse: era razonable reglamentar una ley cuando habían transcurrido más de 22 años de su sanción? Durante los años 2013 y 2014 la Dirección Provincial de Personal convocó a las entidades gremiales a la discusión de esta posible reglamentación, y la única que concurrió desde la primer reunión hasta la última fue Upcn. De allí que la decisión de remitir una nuevo proyecto ley, para que lo discutan los distintos partidos políticos que componen hoy nuestra Legislatura (que no son los mismos que los del año 1993), en el marco de las actuales circunstancias políticas, institucionales y económicas (que también son distintas a las del año 1993) parece una decisión más que acertada, porque implica mayor debate y mayor participación.

Según el informe producido por la Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales del Mteyss, en la provincia de Jujuy el 23,4% de la población económicamente activa ocupada pertenece al Sector Público (Nación, Provincia y Municipios). "El dato es significativo y demuestra lo que todos percibimos en cuanto a alto peso del empleo público, ya que el promedio nacional es del 17%. Pero pone de resalto un dato que muchas veces pasamos por alto: más del 70% de la población ocupada está constituida por asalariados (industria, construcción, comercio, transporte, hoteles y restaurantes, actividades primarias, entre otras), cuentapropistas, trabajadores del servicio doméstico, etc., todos del Sector Privado", se subraya.

El régimen de Convenios Colectivos que se intenta poner en vigencia en la Provincia, es en esencia el mismo bajo el cual discuten salarios y condiciones de trabajo los empleados nacionales, la gran mayoría de las provincias argentinas y el conjunto del Sector Privado asalariado del país.

Empezar a discutir un Convenio Colectivo a nivel general y convenios a nivel sectorial, que regulen no solo los aspectos salariales, sino también el conjunto de condiciones laborales de los trabajadores estatales constituye un avance significativo. Utilizar para ello las reglas de juego que tienen que ver con la vida sindical de los últimos 70 años en la Argentina y que han sido materia de ardua discusión en ámbitos nacionales e internacionales, tampoco parece una actitud reprochable.

Sin embargo, se está en presencia de una iniciativa con forma de proyecto de ley sujeta a la discusión de nuestros diputados, que siempre abierta a los aportes razonables y serios que desde cualquier sector pudieran generarse, señala para finalizar el Gobierno.