Los legisladores Alejandro Cacace, Juan Manuel Rigau, Gabriel Muñoz y Walter Ceballos brindaron una conferencia de prensa este martes por la mañana, acompañados por el diputado nacional José Riccardo, para detallar la solicitud.

El pedido de informes indica que el Gobernador de San Luis, Claudio Poggi, habría librado pagos (o reservas de pagos) por un total que supera los 25 millones de pesos en honorarios a un reconocido estudio jurídico de Buenos Aires, para representar a la provincia en la causa que se tramita en la Corte Suprema de Justicia por la deuda que reclama la Provincia a la Nación.

El estudio porteño, a su vez, habría “subcontratado” al operador político de Rodríguez Saá, Carlos Sergese, quien cobraría una cifra cercana a los 13 millones de pesos por ese servicio.

“La Fiscalía de Estado debió, porque tiene competencia y para eso está como institución del Estado, llevar a delante el juicio, contratar un estudio de Buenos Aires y ese estudio  lo contrata a Sergnese, quien es el operador político permanente de grupo Rodríguez Saa.  Este es el claro ejemplo del uso inescrupuloso de los dineros públicos en beneficio de un grupo de poder, con el agravante que este grupo ejerce el gobierno en San Luis”, manifestó Riccardo en la conferencia realizada en la sede de la Unión Cívica Radical.

El precandidato a Gobernador adelantó que “no solo vamos a investigar eso sino también todos los antecedentes que puedan haber tenido casos como estos”.

“Una maniobra para que el apoderado de las listas del Gobierno Provincial se lleve 13 millones de pesos del pueblo a su casa, esto es lo que el Gobierno de San Luis llama 'una buena administración' ”, ironizó el diputado.