Los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, Fernanda Vallejos y Adrián Grana denunciaron penalmente al presidente Mauricio Macri, al secretario de Energía Javier Iguacel y a otros funcionarios del área por la decisión del gobierno de vender las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada Barragán a precios inferiores a los que requirió su construcción.

Según consta en la denuncia, la construcción de ambas centrales costó alrededor de 1.000 millones de dólares, y su precio de venta fue establecido en la mitad de ese valor, además, la transacción no tuvo una consistente explicación oficial.

Por otra parte, se detalla que el contrato con las empresas encargadas de las obras, Iecsa e Isolux, se rescindió a fines de 2016, y el gobierno del presidente Mauricio Macri le entregó a la primera (empresa que el primo de Macri Angelo Calcaterra le vendió al empresario Marcelo Midlin) 1.600 millones de pesos en carácter de indemnización, es decir el equivalente en ese momento a 100 millones de dólares.

Para los diputados denunciantes, las características de las irregularidades acontecidas durante el proceso de venta indican que el objetivo final es entregarles el negocio de las centrales a amigos del presidente Macri.

En el documento también se precisa que el llamado original limitaba los oferentes a operadoras con experiencia acreditada en el área energética, pero posteriormente Iguacel abrió la posibilidad de que puedan ingresar fondos de inversión especulativos, como LoneStar (cuyos representantes en argentina son los ex funcionarios del FGS Luis María Blaquier y Enrique Boilini), PointState (el fondo estadounidense que más negocios ha hecho con el gobierno de Cambiemos) y TGLT (la sociedad que este año compró la histórica constructora del hermano del alma de Macri, Nicolás Caputo).

Por último, los legisladores señalan que dos gerentes de Iecsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, que eran los directores técnicos de las plantas durante su construcción, inmediatamente después de la rescisión en 2016 pasaron a trabajar como integrantes del comité directivo de Enarsa (hoy absorbida por IEASA), organismo encargado de llevar adelante el proceso de venta de las centrales, con lo que estuvieron de los dos lados del mostrador, asegurando que el proceso concluya en las manos adecuadas.