El presidente, Alberto Fernández, reiteró ayer que quiere evitar que la Argentina continúe en default en los próximos meses y que ese es el mandato que tiene el ministro de Economía, Martín Guzmán, aunque el precio a pagar para levantar la actual cesación de pagos no puede poner en riesgo a la población.

Las negociaciones por la reestructuración de la deuda continuarán en secreto hasta mañana a la tarde. Si surge un principio de acuerdo, la enmienda a la oferta de la Argentina se elevará esta semana, mientras que si se empantana, el Período de Invitación se extenderá hasta fines de junio, sin una nueva propuesta oficial.

Los Acuerdos de Confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) vencen este martes, luego de que Guzmán prolongara el plazo del canje hasta el viernes 19. Fue la cuarta prórroga y no será la última.

Las diferencias, como desde hace varias semanas, radican en hasta dónde están dispuestos a tensar la cuerda el Gobierno y los distintos fondos de inversión, que pese a estar agrupados en tres grandes comités tienen diferencias entre ellos.

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El Gobierno no quiere que su oferta exceda los 49,99 dólares por cada 100 de Valor Presente Neto y puso sobre la mesa un cupón atado a la evolución del promedio de las exportaciones en los últimos cinco años (móviles), mientras que los acreedores privados quieren por lo menos u$s 53 y en algunos casos más de u$s 55 para entrar al canje.

En ese terreno está el juego. Si la propuesta superara los u$s 50 a una exit yield de 10% (que los fondos consideran baja y que debería ser de 12% o más y que el Gobierno piensa que es excesiva y tendría que ser de 8% o menos; esto tira para abajo o para arriba, respectivamente, el Valor Presente Neto), se excedería del límite para la sostenibilidad que determinó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y si eso pasara, se complicarán las negociaciones con el organismo financiero que tiene a Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y el Reino Unido de la Gran Bretaña como sus principales accionistas.

El FMI será el único prestamista de la Argentina en los próximos años aún si el país logra salir ileso de la reestructuración.

Hacer una propuesta que exceda la sostenibilidad significará que el Fondo no pueda conceder dinero porque vería claros riesgos para que sean devueltos los créditos ya entregados de u$s 44.000 millones desde 2018.

Y si la oferta de la Nación pasara los u$s 50 de Valor Presente Neto y consigue el respaldo del board (directorio) del FMI, hasta ahora ausente de la negociación, dejará en evidencia que el informe del staff técnico de hace dos semanas era inconsistente con la real capacidad de pago de la Argentina.

Guzmán continuó manteniendo "proactivamente" debates con distintos grupos de inversores, adelantó "posibles ajustes" a la Invitación y recibió comentarios de inversores, así como también otras sugerencias sobre los diferentes caminos para mejorar los cobros, según comunicó oficialmente el Ministerio de Economía.

"Argentina y sus asesores pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa", dijeron.