Lázaro Baez quedó envuelto en otro caso delitos económicos. La diputada nacional del Frente Amplio Unen, Margarita Stobilzer, lo denunció ayer a él y al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ante el juez federalSebastián Casanello por evasión fiscal de impuestos por un monto millonario.

En la presentación, la legisladora recopiló elementos contables que ponen de manifiesto las maniobras de la empresa de Báez, Austral Construcciones, con el Grupo Penta y Calvento, dos firmas de Bahía Blanca creadas por la familia Ficcadenti. Ambas compañías están bajo el rastro de la AFIP hace al menos dos años por presunta facturación apócrifa.

En el mismo escrito, Stolbizer requirió a Casanello que también se lo impute a Echegaray, por entender que el funcionario podría ser cómplice de la operación ilegal del "socio comercial" de Cristina Kirchner.

En base a información de organismos públicos e investigaciones periodísticas, la titular del GEN planteó que Austral Construcciones recurrió a facturación falsa para "justificar y respaldar documentalmente costos inexistentes que, a su vez, servían para resguardar o encubrir sobreprecios de obra pública que, luego, todo ese altísimo circulante se volcaría o destinaría a operaciones de lavado de dinero".

En este sentido, la legisladora acusó al jefe de la AFIP "por omitir el cumplimiento de la normativa vigente, beneficiando al empresario Báez, es pasible del delito de encubrimiento de las maniobras delictivas". En su opinión, resulta sospechoso que nunca se haya radicado una denuncia contra Calvento y Grupo Penta, pese a haber estado definidas por el organismo como "usinas de facturas", ni contra las empresas beneficiarias, Constructora Patagónica y Austral Construcciones.

En lo que respecta a Grupo Penta, la firma no declaraba empleados, carecía de bienes y no tenía cuentas por cobrar. En 2009 dijo a la AFIP que facturó unos $ 300 mil en total, pero otra constructora declaró que le pagó más de un millón de pesos.

Asimismo, Stolbizer alertó a la Justicia que las maniobras continuarían con la creación de otra firma espuria, Terrafari SA, también integrada por los Ficcadenti, ex empleados del Penta. De acuerdo a la investigación. Terrafari le facturó en poco más de dos años "a Austral Construcciones -su único cliente- más de 30 millones de pesos".

"Todas estas empresas están vinculadas con Juan Ignacio Suris, quien se encuentra detenido en el marco de un proceso penal por comercio de drogas y asociación ilícita en la justicia federal de Bahía Blanca", precisó Stolbizer.

Ahora, el juez Casanello deberá analizar si le corre vista al fiscal federal Guillermo Marijuan, en plena feria judicial de verano. Se trata del mismo letrado que ya había llamado a Baez a indagatoria, horas antes de que comience en los tribunales el receso estival.