Debido a que Nación continúa dilatando la ejecución de trabajos para ponerla en funcionamiento, Pablo Grasso dijo: “si no la quiere terminar, lo haremos nosotros”, ratificando de esta manera la propuesta que meses atrás el gobierno provincial- a través de la empresa Servicios Púbicos-, le hizo llegar a las autoridades del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA).

“Vamos a seguir insistiendo para poder finalizar la obra” sostuvo Grasso durante la recorrida al complejo industrial proyectado para convertir el agua de mar en potable, acompañado por la referente para la zona norte del IDUV, María Ester Labado.

El funcionario no descartó que referentes provinciales que responden al macrismo hayan intercedido para que los trabajos recién se ejecuten en 2019 en coincidencia con otra campaña electoral.

“A nosotros no nos molestan las campañas –remarcó-, pero no podemos seguir esperando decisiones políticas de Nación porque se requieren soluciones inmediatas a obras fundamentales como la Planta de Osmosis que fue pensadas para resolver el problema del abastecimiento de agua en Caleta Olivia”,

Mientras, la exsenadora María Ester Labado dijo: “nuestra visita ratifica la intención de la gobernadora Alicia Kirchner para dar continuidad a este vital emprendimiento”.

“En este marco –puntualizó- el Estado provincial está preparado para realizar un trabajo conjunto de varios organismos para poder finalizar esta planta”.

Lo que no sabían los funcionarios es que ahora apareció una nueva dificultad que puede acentuar las demoras en la terminación de este complejo industrial y es de orden legal.

En efecto, El Patagónico puso saber que a mediados de esta semana, uno de los conocidos jueces federales de Comodoro Py, Claudio Bonadío, hizo llegar esta misma semana un exhorto a su par de Caleta Olivia, Marta Yáñez.

Concretamente solicitó la intervención de peritos para investigar si los fondos que se destinaron para la inconclusa Planta de Osmosis Inversa y para el reemplazo del tramo del acueducto Caleta Olivia-Ramón Santos, se compatibilizan con los trabajos ejecutados.

Se trata de una nueva causa que tiene como imputado al ingeniero Lucio Tamburo, quien fuera titular del ENHOSA durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y actualmente ocupa la presidencia del directorio de la empresa provincial Servicios Públicos, Sociedad del Estado.