La existencia del sistema de corrupción con la obra pública era comentario difundido en medios empresariales y políticos desde hace años. Dichos, salvo alguna denuncia, lejos de los tribunales. La primera gran diferencia es que ahora está escrito y con detalles en el voluminoso expediente judicial de los cuadernos de las coimas. La segunda diferencia fue anotada por las declaraciones que rompieron el código de la cofradía de empresarios. Y la tercera, enorme, está marcada por el primer ex funcionario arrepentido, Claudio Uberti, que quebró el pacto de silencio que sus ex colegas mantienen firme, hasta estos días.

Puede decirse que la fisura inicial en el muro de negación de los ex funcionarios había sido producida por Juan Manuel Abal Medina, aunque está claro que los dichos del ex jefe de Gabinete no compiten ni de lejos con los datos aportados por Uberti, funcionario de peso en la estructura del ministerio a cargo de Julio De Vido. En rigor, el escrito presentado por Abal Medina estuvo a tono con la versión repetida en la tanda inicial de empresarios arrepentidos, según la cual todo se reducía –aún con su gravedad- al financiamiento ilegal de campañas electorales.

La causa a cargo del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli agrega páginas de manera vertiginosa. Parecen lejanos aquellos primeros intentos para desacreditar la investigación con el argumento de las fotocopias de los cuadernos o con la serie de versiones conspirativas sobre el chofer Oscar Centeno –razonables o disparatadas, siempre sin atender el factor personal-, descalificado incluso por escribir sin graves faltas de ortografía. Todo eso fue superado en velocidad.

El juez federal Claudio Bonadio

El caso, o lo que se ha ido viendo hasta ahora, expone al menos dos etapas y una cantidad de estribaciones que podrían obligar a acotar el tramo sustancial de la investigación por coimas a este segmento de la obra pública, para no demorar la instrucción de la causa, y abrir o reabrir después otros capítulos judiciales, como el que vincula a los trasiegos con Venezuela.

El resumen de la primera entrega de empresarios arrepentidos, que ya suman una decena, había estado circunscripto al libreto según el cual fueron víctimas de extorsión: debían pagar fuertes sumas en dólares para mantener contratos. Según sus dichos, por lo menos parciales, era una forma no voluntaria de aportes para financiar la campaña.

Desde el terreno de los ex funcionarios, esa línea fue sostenida de algún modo por Abal Medina, que buscó despegar del asunto de dos modos. Dijo que desconocía el origen de los fondos. Y aceptó que, aunque vio en todo esto cierta "informalidad", le dio curso a ese dinero que manejaba Roberto Baratta para alimentar la estructura de campaña en 2013. Curioso, entre otros puntos, el poder informal de Baratta, entonces secretario de un ministerio, por encima de un jefe de Gabinete, al menos en este caso.

Roberto Baratta, al ser detenido

La declaración de Abal Medina, entendida como un paso para amortiguar su situación y la de un ex colaborador suyo, provocó malestar en las cercanías de Cristina Fernández de Kirchner. La tensión fue no sólo por lo que dijo –en realidad, por admitir tangencialmente la plata oscura de una campaña- sino además y especialmente por no negar todo de manera cerrada. Es decir, por exhibir una fisura.

Pero los primeros dichos de los empresarios, ya en su condición de imputados arrepentidos, y el escrito del ex jefe de Gabinete quedaron superados largamente por el largo y bastante preciso aporte de Carlos Wagner, empresario de vieja y fluida relación con De Vido. El ex presidente de la Cámara de la Construcción expuso con detalles el funcionamiento de la maquinaria de corrupción. Y rompió así el pacto de la cofradía de la obra pública.

Carlos Wagner y Cristina Kirchner

Esa declaración, y pruebas que se acumulan en la causa, ofrecen precisiones sobre el sistema de corrupción: licitaciones acordadas, cartelización para el reparto de obras, sobreprecios para garantizar los "retornos" y un mecanismo de adelantos de pagos del Estado para cubrir de entrada los desembolsos en negro, que a su vez requerían distintas prácticas de contabilidad irregular.

Uberti subió un escalón, desde el otro lado del mostrador. El ex funcionario tenía relación directa con los Kirchner, fue una pieza importante en el esquema armado por De Vido, manejaba un área concreta –la de las concesiones viales- y supervisaba informalmente otras, además de tener un papel destacado en el circuito de los negocios con Venezuela.

Julio De Vido y Roberto Baratta (NA)

En su declaración como arrepentido –el primero en el listado de ex funcionarios-, Uberti apuntó a De Vido pero traspasó esa línea: según trascendió, terminó involucrado directamente a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Con el extinto presidente había cultivado una cercana relación desde los años santacruceños. Con los otros, su trato fue quizá menos fluido y declinó con el tiempo.

No son esas viejas historias –no lo son centralmente- las que alimentan la tensión kirchnerista. Preocupa que haya roto el círculo de negación frontal de denuncias y evidencias. Algunos leales son calculadores de la política y también de las consecuencias judiciales. Visto así, el agrietamiento del pacto de silencio es más que un dato en sí mismo. Provoca malestar por lo que expresa en la causa judicial y genera desconfianzas porque algunas fidelidades pueden tambalear cuando la tormenta golpea el barco. Son días con vientos algo más que inquietantes.