Lázaro Báez recibió 51 contratos “rodeados de irregularidades” como sostuvo hace una semana el fiscal Gerardo Pollicita en la indagatoria del empresario K. Las obras que significaron U$S 2.200 millones, fueron otorgadas durante los doce años de gobierno kirchnerista. Más de 36 licitaciones fueron financiadas durante las presidencia de Cristina Kirchner (el 70,58 % ), que negó ante la Justicia cualquier vínculo societario y de amistad con Báez, pero que según la ampliación del dictamen acusador, fue la ex Mandataria la que permitió que los fondos de un fideicomiso específico se vuelquen en Santa Cruz. Además se licitaron 21 contratos que se pagaron un 50 % más caros desde 2008 a 2014.

“Yo no estoy asociada a Austral sociedad anónima”, dijo la ex Presidenta cuando salió de los Tribunales de Comodoro Py después de la indagatoria en la que no respondió preguntas, pero rechazó las acusaciones en su contra en la causa que investiga una “matriz de corrupción en la obra pública” que benefició en Santa Cruz a Lázaro Báez. La Justicia investiga los mecanismos que “favorecieron” al dueño de Austral Construcciones para obtener 51 licitaciones sin la capacidad técnica para realizarlas, con presuntos sobreprecios. La mitad quedaron sin finalizar.

Como otro indicio que involucra a Cristina Kirchner “direccionando fondos a favor de Báez”, los fiscales consignaron 36 obras que desde el 2008 hasta 2011 se pagaron con los fondos del Fideicomiso creado en 2001 en concepto de tasa a la venta de gasoil y tasas viales para obras.

Esta modificación del destino del dinero se realizó a través del Decreto N° 54/09 "dictado por Cristina Fernández de Kirchner y fueron abonadas distintas obras pertenecientes a las empresas del Grupo Báez”, indicaron Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Además se señaló que se dispuso de estos fondos “sin especificar a qué obras se dirigía, de forma discrecional”.

Este conjunto de obras financiadas sólo con este fondo, representaron en el período de tres años, un desembolso de $ 64.830.808. De las 36 obras, nueve estuvieron en manos de Kank & Costilla (firma dirigida por Martín Báez), mientras que las restantes fueron otorgadas a Austral Construcciones.

Los contratos más costosos eran para obras básicas y de pavimento en las rutas 3, 40, 288 y la ruta Provincial 9. Estos caminos son señaladas como “emblemas” de las irregularidades, por los presuntossobreprecios que se pagaron por encima del 65% y porque ninguna se concluyó.

Aunque se trataron de contratos de diferentes envergaduras, sobre rutas nacionales como Provinciales, tienen algunos patrones en común: la existencia de “numerosas y graves irregularidades que demuestran la existencia en los pasados años de una matriz de corrupción destinada a favorecer al empresario amigo de los ex presidentes en perjuicio de las arcas del Estado”, expresaron los fiscales.

Inconclusas, en su mayoría, varias de estas licitaciones utilizaron las mismas planillas de equipos de trabajo cuando las obras se ejecutaban en simultáneo. También contaron con el mismo representante técnico. El uso de este dinero fue descripto como una “maniobra” ideada para destinar “millonarias cantidades de fondos públicos a un empresario a quien en todo momento se quiso deliberadamente beneficiar”.

Además, la auditoría de Vialidad Nacional refleja que hubo 21 obras licitadas desde 2008 hasta 2014, es decir exclusivamente durante la gestión de la ex Presidenta. “La mayoría de las obras se entregaron durante los gobiernos de Cristina Kirchner sin ningún tipo de controles”, señalaron fuentes oficiales. Estas licitaciones fueron adjudicadas por $ 4.757 millones, sin embargo se terminó pagando por ellas $10.131 millones: más del doble, según los documentos oficiales.

Estos mecanismos que permitieron que Báez gane el 78,4 % de las licitaciones volcadas a Santa Cruz, fueron definidos por los fiscales como una estructura “funcional orientada a la sustracción de fondos públicos" para que las obras las gane exclusivamente Báez.

Para que esto ocurra se denunció que el Ejecutivo Nacional dotó de recursos a Nacional de Vialidad “para que, al menos en la provincia de Santa Cruz, se instrumentara una matriz de corrupción" para "sustraer fondos del Estado a través de la obra pública vial en complicidad con empresarios amigos”, en referencia al dueño de Austral Construcciones, preso hace siete meses.