El jefe de la comisión designada por Maduro para fiscalizar la diligencia, Jorge Rodríguez, sostuvo que poco más de 605.000 de las rúbricas son "fraudulentas y defectuosas" y explicó que poco más de 15.000 son de fallecidos, menores de edad o personas inhabilitadas por estar sentenciados por delitos graves.

Se trata de "una demanda con amparo cautelar para que se cuiden los derechos constitucionales de las venezolanas y los venezolanos, para que no sea un fraude brutal perpetrado el que autorice a una organización a cumplir con la siguiente etapa", dijo Rodríguez tras reunirse con la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez.

"Esta no será la única acción que tomaremos en contra de este gigantesco fraude perpetrado contra la Constitución; también caben demandas penales, acciones judiciales", agregó.

La Constitución requiere la presentación de firmas de una cantidad de ciudadanos equivalente a 20% del padrón electoral (poco menos de tres millones) para poner en marcha la convocatoria a un referendo revocatorio.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE, controlado por el chavismo igual que el TSJ) impuso otro requisito previo, consistente en la presentación de firmas equivalentes a 1% del padrón (unas 195.000).

Para cumplir ese paso impuesto por el CNE, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora entregó 1,8 millón de firmas el 2 de mayo pasado y pese a que el organismo electoral tiene cinco días para que los ciudadanos ratifiquen que firmaron, la semana pasada anunció que ese plazo comenzará a correr la semana próxima.

Sin embargo, el CNE ya anunció que excluyó de la lista a varios ciudadanos, entre ellos tres de los principales líderes de la oposición: el ex candidato presidencial Henrique Capriles -el mayor impulsor del referendo-, la ex diputada María Corina Machado y la esposa del dirigente preso Leopoldo López, Lilian Tintori.

En ese contexto, varios líderes del oficialismo, incluido Maduro, afirmaron en varias ocasiones que el referendo no se realizará este año.

La Constitución establece que si la Presidencia queda vacante dentro de los primeros cuatro años del mandato -que se cumplirán el 10 de enero de 2017- debe llamarse inmediatamente a elecciones, pero si ello ocurre en los últimos dos, el período deberá ser completado por el vicepresidente ejecutivo.

Por ese motivo, la MUD convocó a una nueva marcha de protesta para este jueves y Capriles emprendió hoy una gira por Paraguay, la Argentina y Brasil, para buscar apoyo externo.

Desde hace varias semanas, un grupo de ex mandatarios amigos del gobierno, integrado por el colombiano Ernesto Samper, el español José Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el dominicano Leonel Fernández, intenta promover una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición.

Mientras tanto, la situación en Venezuela será analizada la semana próxima por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a solicitud de su secretario general, Luis Almagro, quien pidió analizar si corresponde aplicar la Carta Democrática Interamericana que prevé sanciones para los países donde se altere o se rompa el orden democrático.