"Es la última vez", sentenció Mauricio Macri poco después de las elecciones primarias del año pasado, acompañado por Sergio Massa y Margarita Stolbizer. El entonces candidato a presidente prometió que no se iba a volver a votar con el sistema tradicional de boletas. Ya en el Gobierno, desde el mes pasado el macrismo encabeza contra reloj las negociaciones con especialistas y otros espacios políticos para presentar al Congreso un proyecto de reforma electoral consensuado "lo antes posible". Uno de los objetivos: dejar atrás un sistema de votación vetusto que preocupa en cada elección por su escasa transparencia y reemplazarlo por una alternativa supuestamente más segura y ágil, como la boleta única electrónica (BUE).

Mientras el Gobierno delimita los lineamientos de la reforma, detrás de esas negociaciones ya hay empresas con intenciones de intervenir técnica y operativamente en la aplicación del nuevo sistema de votación y, si bien aseguran estar en condiciones de trabajarlo a nivel nacional, advierten que, si se quiere implementar para las elecciones legislativas de 2017, la aprobación de la reforma no puede demorarse. Se trata de Grupo MSA e Indra. La primera, de origen argentino, es la que el año pasado implementó la BUE en la Capital durante las elecciones para jefe de gobierno, y la segunda, con sede en España, es la responsable del procesamiento de los votos en la Argentina. Ninguna de las dos fue convocada por el Gobierno aún y desde la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior -a cargo de la reforma- afirmaron que por ahora no se prevén contactos.

"Estamos en condiciones de realizar las elecciones de cara a 2017, pero es necesario generar un marco legal adecuado y es importante que el Estado asuma la plena responsabilidad en el proceso y que se establezca como prioridad ir en ese sentido lo antes posible", señaló a LA NACION el CEO de Grupo MSA, Sergio Angelini.

Pero el camino es largo. Antes de pensar en cómo se van a implementar los cambios y quién lo hará, primero tiene que estar designada la nueva autoridad de aplicación, que el Gobierno quiere que sea autárquica, a pesar de que ya hay varios sectores de la política y la Justicia que plantearon objeciones. Será uno de los debates más álgidos.

Una vez que la autoridad esté establecida, el proceso debería seguir con un llamado a licitación, en el que las empresas interesadas tratarán de demostrar por qué deberían ser elegidas.

Ante la consulta de este diario, ambas compañías destacaron la experiencia y la capacidad de adaptación a lo que piden los gobiernos. "Trabajamos en elecciones desde 1980 en más de 40 países", señaló Guillermo Vilgre La Madrid, gerente de Procesos Electorales de Indra. En ese sentido, María Sánchez Laso, la gerente de Relaciones Institucionales, aseguró que los sistemas y equipamientos propios "están probados, auditados y contrastados internacionalmente" y que Indra es la única compañía elogiada por la ONU y la Unión Europea en materia electoral.

Grupo MSA, que ya aplicó su tecnología en los comicios de varias provincias del país, como Salta, San Luis y Chaco, señaló que la BUE "es la mejor tecnología que hay en el mundo" para los procesos electorales y que "elimina los errores" del sistema de boletas de papel. "La BUE sigue con la mística que hace a lo electoral [porque el votante igual manipula una boleta], pero tiene un complemento de seguridad que no tiene el otro sistema", afirmó Angelini.

Contraste de métodos

La BUE contrasta con las urnas electrónicas, que guardan la información de los votos en su memoria interna. Ese sistema funciona en Brasil, donde su implementación tardó más de diez años.

El camino de las empresas interesadas, sin embargo, no será simple. Además del kirchnerismo, que, como anticipó LA NACION, se opondrá a cualquier tipo de cambio en el sistema tradicional de boletas, también están quienes consideran, como el socialismo, que en caso de aplicarse la modificación ésta no puede hacerse a través de una empresa privada. "El Estado no puede delegar esto en una empresa, tiene que crear software libre con las universidades", dijo la diputada nacional Alicia Ciciliani (Partido Socialista) tras una de las reuniones que el Gobierno tuvo con los partidos.

En este contexto, el fundador del Partido de la Red y autor de Hacktivismo, Santiago Siri, analizó la situación desde la perspectiva de que pensar en una empresa privada hoy es, en la Argentina, inevitable. "El tema levanta una alerta. Hay que entender qué posibilidades tiene el Estado para implementar una solución tecnológica en el sistema electoral. Hoy carece de esta posibilidad y es lógico [que se piense en una empresa privada]", dijo a LA NACION. "Hay que prestar atención a las limitaciones que tiene el Estado", concluyó.