por un lado, bajarle el tono a la disputa diplomática entre Uruguay y la Argentina para avanzar en lo inmediato con las obras de dragado en el canal Martín García y, por otra parte, buscar un artilugio legal para que la empresa Boskalis (Riovia) -señalada por sospechas sobre presuntos intentos de soborno- finalmente no se quede con la licitación.

En la práctica, la tregua política que sellaron los presidentes apuntará a que la decisión definitiva no sea vista como una derrota para la Argentina y una victoria para Uruguay. Montevideo aceptó en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) incluir en la apertura de ofertas técnicas y económicas a Riovia, pero el canciller Héctor Timerman instruyó allí vetar por "inadmisible" a la empresa de capitales holandeses, cuestionada por un informe del Tribunal de Cuentas de Uruguay.

"La idea es que haya un empate entre Mujica y Cristina; que salga la licitación y que, en tal caso, los heridos hablen más adelante", expresó a LA NACION un funcionario de la Cancillería argentina. En Montevideo, hubo explicaciones similares, aunque menos precisas, y sólo se limitaron a decir: "La Argentina y Uruguay no se pueden pelear ahora que el Mercosur está ampliado con Venezuela. Hay que arreglar esto". La instrucción de los presidentes en Brasilia fue que haya silencio total del tema para evitar una nueva guerra verbal entre la diplomacia de ambos países.

Ayer, los funcionarios técnicos de la CARP se reunieron todo el día en las oficinas del microcentro porteño para analizar las ofertas técnicas de las empresas que se presentaron a la licitación. En la lista están las empresas Dredging International, Van Oord, Jan de Nul y Boskalis (Riovia). La CARP tiene hasta la semana que viene para definir a las empresas que están técnicamente aptas para realizar las obras de dragado en el canal Martín García y allí pasarán a evaluar las propuestas económicas de cada oferente. La licitación tiene un piso de 15 millones de pesos y un techo de $ 21 millones.

El próximo paso es crucial: sucede que la CARP debe definir en forma conjunta y no puede haber decisión unilateral en la evaluación económica.

Allí podrían verse plasmadas las diferencias entre la Argentina y Uruguay por Riovia. "No será sencillo mostrar que acá no pasó nada y que en la licitación final Riovia queda afuera tras la decisión pública de la Argentina de vetarla", admitió un destacado diplomático de Uruguay a LA NACION. Esta es la complicada etapa en la que el acuerdo político de Cristina Kirchner y Mujica debe ser plasmado técnicamente.

En ambos lados del Río de la Plata, los diplomáticos coinciden en que sería inevitable rechazar a Riovia para "despejar sospechas de corrupción". Pero admiten que la empresa podría realizar una demanda judicial por haber sido excluida de la licitación internacional con antelación.

Los presidentes de Uruguay y la Argentina no tuvieron en Brasilia su mejor reunión. Fue breve y al parecer Cristina Kirchner le reprochó a Mujica no haber avisado con antelación que el Tribunal de Cuentas de Uruguay emitiría un informe que deslizó la existencia de presuntas irregularidades en el anterior proceso de licitación, en el que se aceptó a Riovia para las actuales obras de mantenimiento del canal Martín García. El presidente de Uruguay planteó la necesidad de que las cancillerías no se enfrenten por los medios, y cuestionó los comunicados de Timerman, en los que vetó a Riovia y puso en duda la falta de colaboración de Montevideo en el esclarecimiento del caso..