La decisión se hará efectiva en los próximos días a través de un DNU que firmará el presidente Mauricio Macri , que hasta ahora había permitido que el Ministerio de Ambiente tuviera injerencia.

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La decisión del Presidente tendrá alto impacto político durante el año electoral . La Acumar mantiene una estrecha relación con 14 municipios del conurbano bonaerense que integran el consejo municipal del organismo.

El Ministerio del Interior, que tendrá ahora intervención directa en el organismo, tiene un amplio presupuesto para la construcción de viviendas y cloacas a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires.

Desde el oficialismo remarcaron que, con este cambio, el Gobierno quiere "mejorar la eficiencia en la gestión del organismo y su coordinación con otras áreas para llevar adelante el plan de obras de expansión de la red de agua potable y saneamiento cloacal de los vecinos que viven a la vera del Riachuelo".

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Pero en el Ejecutivo todavía no confirmaron quién será el próximo titular del organismo que en algún momento condujo la actual senadora Gladys González.

En la Casa Rosada, además, se hicieron eco de las críticas que recibe el organismo. Durante la última audiencia pública, celebrada en marzo, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti , sostuvo que la Acumar no mostró avances significativos en la normalización de la cuenca.

El máximo tribunal creó el organismo justamente para solucionar los problemas de contaminación en 2006 y todavía monitorea lo que sucede en el organismo mediante la intervención de jueces.

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El Ministerio del Interior también absorbe AySA, la empresa estatal de aguas, que tiene en marcha una megaobra de ingeniería sanitaria que mejorará los desagües cloacales de 4,3 millones de personas.

El saneamiento del Riachuelo sufrió en los últimos meses una complicación inesperada. Varias de las empresas que trabajaban con Acumar están complicadas en la causa judicial conocida como " los cuadernos de las coimas ".

Tal como publicó LA NACION, el juez federal Sergio Torres advirtió que no se están cumpliendo los plazos de avance previstos y pidió informes al Gobierno para saber cómo "garantizarán la continuación de las obras". Detalló además las causas penales y comerciales que complican a cada una de las empresas involucradas.