En esta oportunidad, el cruce fue por la real disponibilidad de los terrenos de Santa Catalina para la elaboración de un plan de urbanización.

Así las cosas, fue el mismo intendente capitalino, Mauricio "Camau" Espínola, quien encendió la mecha. "Estamos terminando el proceso de transferencia de las tierras", dijo el Jefe comunal y advirtió que la única condición que plantea al Gobierno provincial es que presente un proyecto serio que solucione en parte el problema habitacional. "Las tierras están disponibles, están activos los proyectos para poder llevar adelante la decisión que tengamos que tomar, pero en función a que sean proyectos reales y no solamente un simple discurso que después quede en el olvido", disparó Espínola apuntando sus cañones al Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico).

Especificando conceptos, el titular del DEM subrayó: "Las tierras están habilitadas, es decir, las 400 hectáreas que ofrecemos y cuando presente el Invico o quien considere un proyecto del Estado para hacer viviendas, van a estar disponibles. Las viviendas se necesitan en Corrientes y nosotros hemos cumplido con casi todos los requisitos para que las tierras estén en condiciones de ser transferidas".

Recogiendo el guante el interventor del organismo, Bernardo Rodríguez, sentenció: "Más de 70 mil correntinos tienen una casa muy digna para vivir porque el Invico construyó".

El funcionario radical criticó los dichos de Espínola que hablan de la "poca seriedad" de la gestión provincial para atender las necesidades por falta de techo. "A través de la trayectoria el Invico ha demostrado muchísima seriedad. El Gobierno de Corrientes también. El Gobernador es serio porque las promesas que ha hecho también las ha cumplido: en materia salarial, de política energética, en producción de salud, educación, vivienda. Con las limitaciones que tenemos porque el Gobierno nacional, al cual responde el Intendente de Corrientes, nos discrimina", añadió el funcionario provincial.

Otro frente de conflicto

El Invico es desde hace dos años eje de constantes reclamos por parte de trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El blanqueo de las sumas en negro, aumento salarial para los trabajadores precarizados, recategorización, carrera administrativa y la reactivación de las obras de vivienda, figuran en la agenda de reclamos.

El cuerpo de delegados del Instituto dijo que ha quedado trunco, sin explicaciones, un proceso de diálogo con las autoridades. "Por eso iremos a buscar respuestas", adelantó el pasado diciembre Juan Arnedo, delegado obrero.

Los gremialistas afirman que los directivos del organismo "están más preocupados en la campaña electoral que en solucionar verdaderamente las necesidades de los trabajadores".