Lo que al comienzo del año apenas se vislumbraba, se confirmó en los meses posteriores: la Alianza Patriótica para el Cambio que 5 años antes había llevado a Lugo al poder y terminado con seis décadas de hegemonía colorada ya no existía.

No solo porque el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el socio mayor de esa alianza, ahora en el Estado, había decidido ir con binomio propio a los comicios, sino también porque el "luguismo" se encaminaba a una ruptura que, finalmente, lo hizo llegar dividido a abril.

Mientras, el entonces candidato Horacio Cartes caminaba el país con la maquinaria natural del coloradismo y su propia fortuna personal -es dueño de una treintena de empresas-, lo que lo colocaba al frente de la intención de votos para las elecciones de abril.

El domingo 21 de abril se confirmaron esas previsiones: Cartes se convirtió en presidente, los liberales fueron segundos y la centroizquierda -aún dividida- llevó a Lugo al Senado, pero, además, logró por primera vez una representación de peso en el Congreso, donde se convirtió en tercera fuerza.

La mayoría que lograron los colorados, que además mantienen una alianza intermitente con los liberales, le permite controlar el Congreso, donde esta voz de centroizquierda parece encaminarse a ser testimonial, por un lado, y base, por otro, de un nuevo movimiento más amplio.

En octubre se lanzó en el país la Coordinadora Democrática, que reúne a algunas fuerzas de izquierda y centroizquierda, organizaciones sociales, sindicales, campesinas y obreras y representaciones de pueblos originarios.

La incipiente organización es resultado directo de las pimeras medidas de gestión de Cartes, basada en aquella mayoría legislativa: la modificación de la Ley de Defensa y la llamada alianza público-privada.

Apenas asumido, y con la excusa de combatir al Ejército Popular Paraguayo (EPP), Cartes logró que diputados y senadores cambiaran la Ley de Defensa para permitir a los militares intervenir en la seguridad interna. Y allá fueron entonces los militares a buscar guerrilleros en los departamentos del norte, donde el EPP parece tener más peso.

La movida ya generó denuncias por maltratos, persecuciones injustificadas y desalojos a punta de fusiles.

A esa iniciativa, se sumó apenas semanas después el proyecto de Ley de Participación Público-Privada, que facultó al Ejecutivo a concesionar bienes y servicios públicos por hasta 40 años sin necesidad siquiera de que el Congreso otorgue su acuerdo y sin el control de órganos del Estado.

Uno de los puntos más cuestionados de la norma es que todos los riesgos los asume el Estado, porque las empresas privadas quedan aseguradas –en caso de que realicen una mala inversión o pierdan por su propia ineficiencia– por un fondo de fideicomiso conformado en su totalidad por dinero público.

El cuadro del 2013 se completa con la incipiente ola de despidos y las no renovaciones de contratos que encaró al administración Cartes, en busca de reducir el aparato estatal, desde siempre enorme en Paraguay, donde la militancia suele "pagarse" con un cargo en la función pública.

La renovación de autoridades vía elecciones sí le permtió al país regresar a la Unasur y el Mercosur, bloquees en los que estaba suspendido desde la destitución de Lugo.

Aunque con amagos e idas y vueltas, Paraguay ya volvió a los dos acuerdos, nombró embajadores en la mayoría de los países de los que los había retirado -y los países actuaron en reciprocidad- y de a poco vuelve a participar de las discusiones de los bloques, aunque recién en este diciembre el Congreso destrabó la entrada -ya ejecutada- de Venezuela al Mercosur.

El último dato saliente del año lo dio también el Congreso, que destituyó a dos legisladores para que se investigue el manejo que tuvieron con contratos a su cargo, después de que una ola de indignación llenara calles y redes sociales a partir de denuncias en la prensa.