El empresario aseveró que la planificación y control de los planes seguirá en la Provincia.
Desde la Cámara de la Construcción de Catamarca indicaron que el proyecto del Gobierno nacional para administrar los fondos de los programas de viviendas, "en líneas generales, haría menos burocrático” el pago de las certificaciones a las empresas.
Ayer se dio a conocer que la administración de Cambiemos analiza quitarle el manejo de fondos de los planes de viviendas a las provincias y negociar directamente con las empresas constructoras. De acuerdo con la información publicada por el diario La Nación, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo de Rogelio Frigerio, pondrá en marcha en los próximos meses un mecanismo que contempla la cancelación de pagos a los contratistas de las obras de manera directa por parte del Estado, sin la necesidad de pasar por las provincias. "De este modo, la Casa Rosada dio un fuerte golpe de timón, no solo en términos económicos, sino también políticos, ya que dejará a los gobernadores sin el control de uno de los presupuestos más jugosos del Tesoro, que este año rondará los $19.000 millones”, expresa el matutino.El cambio se haría después de las elecciones de octubre.
En diálogo con El Ancasti, el presidente de la Cámara de la Construcción de Catamarca, Víctor Núñez, explicó que el proyecto que pondría en marcha Nación "no es nuevo" ya que anteriormente estaba vigente.
Señaló además que el control de las obras lo siguen teniendo las provincias y lo único que cambia es que la Nación es quien pagará los certificados de obras.
"El control de las obras lo sigue teniendo el IPV. El organismo en base a sus registros y a la necesidad habitacional vigente solicita la viviendas a la Nación, realiza las licitaciones y adjudica las viviendas", explicó.
Agregó que es la misma provincia la que también certifica los trabajos. "La Nación paga en base a los certificados que otorga la Provincia", señaló.
Para el referente de los empresarios de la construcción este nuevo sistema produce "un paso menos" en todo el proceso, ya que el dinero no tiene que venir de la Nación a Rentas Generales de la Provincia para recién ser repartido a las empresas. "La Nación paga directamente a las empresas y hay menos burocracia", consideró.
De igual forma, aclaró que la cantidad de viviendas que bajen a las provincias dependerá también del presupuesto asignado en el momento en que cada jurisdicción haga la solicitud de los módulos habitacionales.
Finalmente, el empresario indicó que este tema ya venía siendo analizado por la Cámara de la Construcción a nivel nacional a través de comisiones de trabajo. Hasta ahora, los institutos provinciales de la vivienda, bajo el control de las gobernaciones, definen junto con el Ministerio del Interior los proyectos a realizar en cada uno de los distritos.Según el diagnóstico que realizaron funcionarios nacionales a la Nación, una vez que los fondos para pagar obras entran a las arcas provinciales, los gobernadores tienen un alto grado de discrecionalidad para definir el destino de ese dinero. Si bien hay controles de la Nación, es habitual que una provincia que enfrenta una emergencia económica o financiera use los recursos que le giró la Nación para pagar gastos corrientes antes que para cancelar una porción de las cuotas por el avance de las obras.
En Catamarca, el IPV fue cuestionado cuando este diario reveló la cartelización de la obra pública, con la que se demostró los preacuerdos entre los empresarios de la construcción para acceder a las licitaciones de viviendas. También hay situaciones de tensión cuando se trata de reclamar por el pago de deudas y por la actualización de precios.
"Se busca transparencia"
El diputado provincial Carlos Molina (FCS-Cambiemos) opinó sobre el proyecto del Gobierno nacional. En diálogo con la prensa, el legislador consideró que "el diseño de las viviendas y dónde van tiene que seguir siendo potestad de las provincias"."No es lo mismo Buenos Aires que Catamarca. No se puede volver a construir otras Mil Viviendas como las que se hicieron en Catamarca (por el barrio Libertador 2° en el sur de la Capital) con un diseño para Buenos Aires, cuando acá tenemos el espacio suficiente para tener otro tipo de formato que permita una mejor calidad de vida", sostuvo. Sin embargo, dijo que con respecto a las licitaciones lo que "está buscando la Nación es una mayor transparencia y ahorrar dinero.
Es decir, hacer más viviendas con el mismo dinero". "Esto es lo que se logró con las licitaciones viales, donde hubo un ahorro del 20% con relación a licitaciones de años anteriores. La medida permitió hacer muchas más rutas y autopistas", sostuvo.


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