En Manhattan, Griesa encabezará una audiencia a partir de que los holdouts le solicitaron que declare a la Argentina en desacato por no cumplir la sentencia del magistrado que obliga al pago de u$s1.330 millones a ese grupo de acreedores que litigó contra el país.

La Argentina deberá presentar ante Griesa argumentos para explicar por qué el juez no debería declarar al país en desacato.

Por su parte, los holdouts también le pidieron al juez que imponga una multa de u$s50 mil por día de incumplimiento. El encuentro se llevará a cabo a las 16 (hora de la Argentina).

Este pedido ya fue rechazado en al menos dos oportunidades por Griesa, aunque la audiencia de hoy será la primera convocada especialmente para tratar este tema.

Casi al mismo tiempo que se celebre la reunión en Nueva York, el Ministerio de Economía definirá los pasos formales para ejecutar el pago de u$s200 millones en la cuenta de Nación Fideicomisos para cancelar servicios de deuda de bonos reestructurados que vencen el martes 30 de septiembre.

Esta será la primera operación que se realizará tras la sanción de la Ley de Pago Soberano, que ofrece a los bonistas reestructurados la posibilidad de cambiar su lugar de cobro, eludiendo el bloqueo de Griesa.

La duda se centra en cómo evaluará Griesa este pago, ya que en dos oportunidades advirtió que una acción de este tipo sería declarada ilegal. A su vez, ignora al Banco de Nueva York como agente fiduciario.

El viernes, Griesa habilitó al Citigroup a pagar los bonos Par en dólares con legislación argentina, en una operación que implica la transferencia de unos u$s5 millones.

En este escenario, el canciller Héctor Timerman afirmó que "ahora todos quieren hablar de reestructuración de deuda soberana", al remarcar la importancia de la resolución aprobada el viernes por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) que condena el accionar de los fondos buitre.

"Se va a conformar un panel de 18 expertos internacionales independientes que representen a las distintas partes del mundo, para que en un plazo breve, en marzo o abril, realicen una investigación sobre el accionar" de los fondos buitres "y el efecto que tienen sobre los derechos humanos", indicó.

Esta declaración de la ONU, se suma a la aprobada el 9 de septiembre en la Asamblea General celebrada en Nueva York, que acordó definir un marco legal para reestructuraciones de deudas.