El crecimiento industrial actual nos brinda una oportunidad. No es la primera que hemos tenido. La historia es, también, un incomparable muestrario de oportunidades desaprovechadas. O mejor dicho, aprovechadas casi exclusivamente por pocos.
Los índices son buenos. Pero si detrás de esa buena noticia no existe una política pública que distribuya en forma pareja, se adelante a los problemas por venir, y planifique la inversión y las corrientes migratorias promovidas, puede ser un desastre.
Detrás de esos grandes números puede haber, también, hacinamiento, falta de viviendas adecuadas, necesidades impostergables para un número creciente de la población. En fin, niveles o causas de conflictividad que hasta entonces no hemos visto.
Por segunda vez, luego de ser Provincia, parece que podríamos tener una nueva oportunidad. Fideicomiso Austral. Ley de Límites, Universidad, Ley de Industria. Media sanción de cruce por aguas argentinas. Después de mucho tiempo, podemos aspirar a pensar una provincia con otros tiempos y horizontes. Parece darse actualmente, en varios aspectos, casi un escenario re/inaugural.
En esta nueva posibilidad, a tan importantes conquistas, tendríamos que agregarle una nueva manera de pensar esta oportunidad. Desde la perspectiva de los derechos humanos. Pensar el crecimiento económico e industrial simplemente como una parte de un desarrollo principal: el desarrollo humano.
Nos ayudaría a plantear que la mejor manera de defender la industria es con la existencia de trabajo decente que es, ni más ni menos que trabajo estable, con buenos salarios, seguro y con libertad sindical.
Es solo un ejemplo, que intento agregar para adentrarme en mi objetivo principal: la necesidad de que debatamos, y resolvamos, los principales problemas que se empiezan a generar, con aspectos casi estructurales, en nuestra sociedad: esa especie de ciudades duales, en donde a la fantástica que recorre el mundo como postales de belleza, también se le oculta aquella con barrios “escondidos”, en donde la violación a los DDHH empieza a sistematizarse.
El paso de la Sra. Raquel Rolnik, Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, en su visita oficial a país durante el mes de abril, tendría que ser un punto de inflexión en la agenda pública sobre violaciones gravísimas y actuales en materia de DDHH en la Provincia y en la ciudad, especialmente, en Ushuaia.
Las gravísimas constataciones de violaciones de DDHH en el ámbito de Tierra del Fuego, obliga a la institucionalidad fueguina en general a imaginar soluciones, rápidas y útiles. Pero también a replantear políticas y decisiones. La visita oficial ha dejado un encargo, pero también, en algunos casos, ha logrado exponer situaciones inexplicables, o sumamente incómodas.
Es notable el contraste. Por el empleo de fuerza privada para desalojar y ejercer violencia contra personas o cosas, está transitando en la CABA una causa penal, con un pedido de indagatoria aún pendiente de producción a Mauricio Macri.
En Ushuaia, un escenario similar es tratado en forma diferente. El empleo de la fuerza privada es cada vez más acentuado, los contratos de esa empresa son cada vez más jugosos, y los que deben rendir cuentas en la justicia son aquellos que soportan la violencia en sus personas o sus cosas. A veces, como si fuera poco, los que ejercen la violencia, son los encargados mediáticamente de exponer las políticas en la materia que les encarga el municipio.
Después del informe, algo deberá cambiar. La eventual responsabilidad internacional que podrá derivar por el mantenimiento de este tipo de situaciones a la Argentina, tendría que modificar estas conductas. La observación internacional ya es gravísima. La antesala de un verdadero escándalo.
Indicó la relatora en su informe preliminar:
“La Relatora nota también con gran preocupación la violencia utilizada por cooperativas privadas empleadas por la municipalidad de Ushuaia en la contención de asentamiento irregulares.
En este contexto, la Relatora recuerda que cuando se considere un desalojo como justificado, el Estado argentino tiene la obligación de llevarlo a cabo en estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales de DDHH y respetando los principios generales de la razón y la proporcionalidad. Además, tiene la obligación de establecer recursos o procedimientos legales para los afectados por las órdenes de desalojo… La Relatora expresa además preocupación por lo que parece ser –con algunas excepciones– un desconocimiento generalizado por parte de los magistrados argentinos de los estándares internacionales en materia de desalojos, haciendo caso omiso de gran parte de las garantías procesales reflejadas en la observación general número 7, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales” .
La presente no es sino un intento de rescatar y poner en debate uno de los más importantes temas de la agenda que debe recorrer la dirigencia y las instituciones de Tierra del Fuego: la problemática de la vivienda adecuada, o mejor aún, el derecho a la ciudad.
La visita de la relatora nos impone una agenda. Deberíamos abocarnos a ella sin demoras.
* (Manuel Raimboult es legislador Provincial por Encuentro Popular.)
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