En columnas pasadas, decíamos que el programa económico delineado por el Gobierno en su inicio había sido diluido por la pandemia del COVID-19. Las proyecciones de equilibrio en los sectores externo y público para el trienio entrante, apoyadas en una reestructuración sustentable de la deuda contraída por el macrismo, tal como había expuesto el Ministro Guzmán en el Congreso de la Nación, han quedado desvirtuadas por las nuevas condiciones imperantes.

La propuesta de reestructuración de deuda pública externa, informada por el Ministro el jueves pasado en la residencia de Olivos, debe inscribirse en el contexto descripto.

El principal objetivo, teniendo en cuenta la situación, es economizar divisas de los desembolsos para el pago de deuda. En la presentación difundida por el Ministerio de Economía -“Propuesta de Reestructuración de la Deuda Externa Pública”- se ilustra que el ahorro de divisas por servicios de deuda en el período 2020/2022 alcanza a la suma de u$s21.200 millones, correspondiendo u$s4.500 millones al corriente año. Guzmán verbalizó que la Nación no está en condiciones de pagar durante los próximos tres años. En el documento se evidencia, mediante comparaciones explícitas, la importancia de que esos recursos sean aplicados para apuntalar el sistema sanitario y para amortiguar el impacto social del virus en los segmentos de población vulnerables.

Adentrándonos en la propuesta concreta, la misma abarca bonos vigentes por u$s66.238 millones, de los cuales un 63% corresponde a emisiones producidas en los cuatro años del gobierno de Cambiemos. Dicho stock aspira a ser reducido en un 5,4%, equivalente a una quita de casi u$s3.600 millones, y el devengamiento de intereses aún más, con una tasa promedio anual para la vigencia de la deuda reestructurada del 2,33%-iniciando el cupón en 0,5%- lo que arroja una reducción total de los intereses a abonar del 62%, que asciende a la suma de u$s37.900 millones. La oferta se completa alargando el plazo total e incorporando el trienio inicial de gracia 2020/2022.

Respecto de lo ocurrido con los canjes de deuda 2005/2010, que reestructuraron el 92,4% de la deuda en default recibida por los gobiernos de Néstor y Cristina, el esfuerzo se centró en reducir fuerte el stock de capital (65% de quita) y en mejorar la oferta de rendimiento de los nuevos bonos (cupón PBI). La oferta actual planteada, en cambio, apunta a una reducción importante de los servicios de intereses antes que a una baja del capital, estirando los plazos de pago para reducir el impacto sobre el balance de pagos.

El 63% de los bonos que se busca reestructurar fueron emitidos por la gestión de Cambiemos

Al igual que la cuarentena en curso, dispuesta para evitar la propagación masiva del virus y el desborde del sistema sanitario, la propuesta de reestructuración de deuda informada también procura aplanar la curva de desembolsos al exterior y así atenuar las consecuencias sobre la economía argentina, tanto para atender la situación actual como para impulsar la recuperación posterior.

Los agentes económicos poderosos, locales y extranjeros, del mismo modo que intentan desbaratar la cuarentena para no afrontar el costo de la intervención del Estado como redistribuidor social, también enfrentaran con todos los medios que disponen, que no son pocos, la propuesta argentina sobre ordenamiento de sus pasivos. Han trascendido informalmente las presiones sobre el Gobierno por parte de los principales fondos financieros tenedores de bonos. Black Rock, Templeton, PIMCO y Fidelity son nombres que seguramente resonarán los próximos días, sobre todo en los medios de información solventados por esos actores.

El Ministro Guzmán ha formulado su planteo con respaldo político e institucional pleno. Lo acompañaron las máximas referencias políticas del gobierno y los mandatarios provinciales de todas las pertenencias partidarias. A pesar de haber recibido el Estado en crisis después de un mandato de macrismo, el gobierno afronta este contexto centrándose en la defensa de la vida y en los intereses de los argentinos, respondiendo a las expectativas de quienes lo instalaron en la Casa Rosada. 

Los conflictos por venir no son menores, pero cualquier otro rumbo puede tener consecuencias negativas para el pueblo, en un escenario global singularmente inmisericorde e incierto.