La decisión del tribunal se dio a conocer en la audiencia del viernes pasado, durante la cual se ventilaron los testimonios de cuatro testigos, dos de ellos desde instalaciones de la Justicia en Capital Federal y Tucumán y dos en la Sala de Audiencias “Macedonio Graz”.

Con los votos de los jueces Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morín, el Tribunal Oral Federal de Jujuy rechazó el pedido de nulidad de la ampliación de la requisitoria fiscal que realizó la defensa de Antonio Orlando Vargas, director del servicio penitenciario durante la última dictadura.

Vargas había llegado a juicio imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad de 32 personas en las causas “Bazán, Avelino y otros” y la de Aredez, Luis y otros”, pero la Fiscalía y todos los querellantes solicitaron la ampliación a “tormentos”.

El pedido de ampliación se fundamentó en las declaraciones, en su mayoría de ex mineros de Mina El Aguilar, quienes dijeron que durante su cautiverio en la cárcel jujeña padecieron aislamientos por más de 40 días, no les permitieron visitas, tenían que dormir en el piso, permanecer en celda pequeña con humedad hasta las rodillas y comer en el mismo lugar donde defecaban.

La defensa de Vargas, quien se encuentra alojado en la cárcel de Ezeiza y presencia el juicio por teleconferencia, dijo que apelará la decisión del tribunal.

La declaración del testigo Horacio Ballester, ex coronel, se efectuó desde el Consejo de la Magistratura(Capital Federal) y fue presentado por los querellantes del CODESEH (Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos) para reafirmar que “el plan sistemático de extermino de la dictadura en nuestro país estaba coordinado a través del Plan Cóndor en otros países de Latinoamérica obedecía a resguardar y engrosar los intereses de capitales multinacionales en desmedro de políticas nacionales favorables a los pueblos con la denominada Doctrina de Seguridad Nacional “. En el orden político “los países latinoamericanos debían mantener el orden combatiendo el comunismo…. Cuando se protegía la industria nacional era porque se estaba en contra de Estados Unidos y favorecía a la URSS”, explicó Ballester a quien el Ejercito pasó a retiro en 1971 por no obedecer órdenes que consideró “antidemocráticas” y por lo tanto ilegales. El ex coronel fue secuestrado por la Policía Federal durante la dictadura de Lanusse (1971-1973)

“Los tormentos, asesinatos, latrocinios no solo se daban en los centros clandestinos de detención”, expresó y agregó que “según lo investigado se borraron pruebas de los delitos como por ejemplo en Margarita Belén (Chaco); Nicolaides y Bignone incineraron mucha documentación y con la Ley de Amnistía se eliminó lo que quedaba”.

Ante la consulta de Fiscalía respecto a si solo los oficiales que se habían especializado en Inteligencia podían ocupar el cargo, respondió que en esa situación no era indispensable el curso y aclaró que no conoce a ninguno de los imputados.

En otra instancia de la audiencia, se produjo desde la Cámara Federal de Apelación de Tucumán la declaración del contador Raúl Edgardo Elías, quien manifestó haber militado en la Juventud Universitaria Peronista con “Pampero” Álvarez García. Su testimonio fue presentado por la defensa del imputado Mariano Braga. Elías sufrió detención en Tucumán en junio de 1976 hasta octubre del mismo año. Dijo haber visto y charlado con “Pampero” en algún momento de esa detención aunque no recuerda su nombre ni su segundo apellido. Cuando se le pidió que realice su descripción física, detalla que “era de estatura mediana, pelo castaño oscuro lacio, tez trigueña”

Por su parte, el agente penitenciario Francisco Ramoa, aseguró que Vargas “nos controlaba peor que a los presos políticos”. Según este testigo, los presos políticos no eran mal tratados: “no los torturaban pero vivían encerrados en una celda, salían una vez por día, no recibían visitas, era triste verlos”. También mencionó que durante los 8 o 10 meses después del golpe militar, el Servicio Penitenciario volvió a hacerse cargo de los detenidos. Respecto a Orlando Vargas, lo reconoce como director de la Cárcel, que “casi no salía de su oficina, pocas veces lo vio recorrer el Penal”.

En cuanto a cómo conocía a Eduardo Bulgheroni dijo “cuando yo estaba en la puerta principal lo vi pasar iba a la Dirección”. Respecto a si realizaba interrogatorios, lo negó pero reconoció que era el encargado de los presos políticos. “Se hacía lo que él ordenaba, ni mirábamos a los presos. Había espías que se hacían pasar por presos. Una vez a un compañero le dieron 5 días de calabozo porque un preso le pidió jabón”, recordó. Además dijo que Bulgheroni “iba con Zarate (Herminio), los Ortiz (hermanos), un sargento del Ejército y uno de la Policía que eran sus guardaespaldas”, pero no recordó más nombres. Cuando se le solicitó que ubicara las oficinas de Asesoramiento Jurídico, el lugar de atención de Psicología, pudo hacerlo en el plano correspondiente. Recordó a detenidos como el Doctor Cardozo (Carlos), un ingeniero, a Lazarte, Tilca (Armando). También el Fiscal AdHoc Pablo Pelazzo le preguntó sobre el Libro de Seguridad Interna pero Francisco Ramoa dijo que tenían prohibido verlo.

Otro de los testigos que pasó por el tribunal fue Luis Héctor Valdez, también agente penitenciario en la época. Valdez reconoció a Vargas como director del Penal y a Eduardo Bulgheroni “porque entraba y salía siempre”. Estando de servicio la noche del Golpe, contó que “desocuparon el Pabellón 1 para poner los presos políticos. Vi cuando llegaban los detenidos en un camión del Servicio Penitenciario”. Recordaba que era invierno cuando “sacaron a los presos para llevarlos a Buenos Aires y los volvieron a traer. Eran muchos, como 20 en el camión celular. Eran de todas partes: Mina Aguilar, Libertador, San Pedro, de aquí”. Además coincidió con los declarantes anteriores respecto a que Orlando Vargas “estaba en su despacho, rara vez salía a recorrer los pabellones”.

Finalizada la exposición de los testigos, el presidente del Tribunal, René Casas, informó que se encuentran los informes médicos de Eduardo Bulgheroni, que se ponían a disposición de Fiscalía para su evaluación. Por su parte la defensa de Mariano Braga solicitó que no se realicen audiencias en el mes de enero 2013 y a cambio se intensifiquen las mismas en febrero. Respecto a la revocación de la prisión domiciliaria de su defendido adujo nulidad, lo que fue rechazado en forma unánime.

Casas también anunció que la semana próxima está dispuesta inspección ocular en Jefatura de Policía, Unidad Penal de Gorriti y en el domicilio donde fuera secuestrado Julio Álvarez García “Pampero”.