El abogado Omar Gebruers, que es el abogado querellante en el caso de violencia que se produjo en La Reforma, cuestionó severamente al juez Manuel Álvarez y al fiscal Alejandro Masó por la decisión de dejar en libertad al atacante.

Gebruers consideró que no hay dudas de que debería estar detenido. Aseveró que con esta decisión los funcionarios favorecen al agresor y ponen en riesgo a la víctima. Interpreta que la mujer es “víctima del machismo y clasismo de los operadores judiciales”.

“Nuevamente los distintos operadores de nuestro Poder Judicial, han tomado decisiones disvaliosas, contrarias a derecho, clasistas -la víctima es de condición humilde, no así el victimario- y especialmente contrarias a la perspectiva de género, favoreciendo claramente la posición del agresor, colocando en situación de riesgo a la víctima”, aseveró el abogado.

El fiscal permitió la liberación del acusado, aunque luego pidió que fuera detenido nuevamente. El juez Álvarez no aceptó ni ese planteo ni el de la querella.

El caso fue informado por El Diario en los últimos días: se trata de un hombre de 30 años -el organizador de domadas Sergio Javier Sánchez- acusado de golpear a su ex pareja de 25 años, violarla mientras estaba inconciente y obligarla a tomar pastillas. Pero el juez Álvarez consideró que no representa un peligro para la víctima ni para el avance de la causa. El hijo de ambos, de 7 años, presenció el ataque.

Gebruers lo describió como un caso “de incitación a cometer suicidio, mediante la ingesta de medicamentos y alcohol, invasión de la vivienda de la víctima, posterior violación y abandono de la misma, desnuda y en estado de inconsciencia”.

“La primera decisión que tomó el fiscal de Colonia 25 de Mayo fue disponer la liberación del autor de los hechos, antes que se cumplieran 24 horas de su detención”, cuestionó.

“Con posterioridad a la orden de libertad, el fiscal tomó conocimiento real de las pruebas que habían ordenado y producido los doctores (Máximo) Paulucci y Méndez, de la ciudad de General Acha”, precisó.

Se celebró el jueves 13 la audiencia de formalización con el juez de Control Manuel Alberto Álvarez, “en la que se acusó al autor de los delitos de instigación al suicidio, violación de domicilio, abuso sexual agravado por acceso carnal y abandono de persona”.

“Las pruebas más importantes -dijo Gebruers- son los mensajes de teléfono intercambiados entre víctima y victimario durante más de cinco horas antes del hecho, las fotografías que el autor tomó de la víctima -con el teléfono de ésta-, las grabaciones de sonido también tomadas con el teléfono de ella, análisis ginecológico y físico que informan sobre lesiones compatibles con la violación por ambas vías, el informe victimológico que aconseja mantener detenido al imputado hasta el juicio, atento el grave estado de vulnerabilidad de la víctima y la evidente peligrosidad del sujeto, especialmente ante la posibilidad de reiteración de ataques y profundización de su gravedad y consecuencias”.

El abogado querellante señala que aunque existe “evidente peligro de fuga, como así de obstaculización del proceso por parte del imputado, el señor juez de Control rechazó el pedido de prisión preventiva realizado por el fiscal y la querella, considerando que no había motivos para privarlo de la libertad”.

Recuerda además que “ocurrieron muchos casos en esta provincia, algunos hace más de ocho años sin esclarecer, de víctimas de violencia de género. Recientemente Carla Figueroa y Sofía Viale, que tomaron repercusión nacional y que incluso -el de Carla- provocó la derogación de la cavernícola figura del ’avenimiento’ del Código Penal”.

Gebruers indicó: “Hago responsables por cualquier ulterioridad en este caso, a quienes tomaron las decisiones comentadas, fiscal de la causa y juez de Control, Alejandro Masó y Manuel Alberto Álvarez, quienes fueran debidamente prevenidos de las consecuencias de sus decisiones y que ejercieran abiertamente la llamada violencia institucional sobre la víctima”.