La ocupación de varios terrenos de Villa Mascardi, en Río Negro, de grupos autodenominados mapuches, mantiene la tensión en la zona. Si bien la usurpación sobre tierras nacionales sigue su curso en la justicia federal, en el fuero local prosperó la restitución de una propiedad perteneciente al Obispado de San Isidro. El juez interviniente dispuso un cerco perimetral para evitar nuevas intrusiones.

Este lugar fue ocupado hace seis meses por encapuchados que dicen pertenecer al Lof Lafken Winkul Mapu y en ese tiempo provocaron daños en los edificios, robo de materiales y tala de árboles añosos en el terreno. Diego Frutos, vecino que sufrió el ataque a su cabaña cuando la robaron e incendiaron, registró con varios videos cómo está el lugar vandalizado por estos grupos violentos. 

El fallo del juez de Garantías de Bariloche tuvo en cuenta las pruebas denunciadas por los abogados del Obispado de San Isidro. Las autoridades provinciales están esperando los plazos legales y la eventual apelación de quienes representan a la comunidad mapuche. Si se confirma el fallo de restitución, la Secretaría de Seguridad de Río Negro dispondrá un operativo similar de desalojo como en la ocupación de un campo privado en El Foyel. La Iglesia compró el terreno donde hoy está ocupada y vandalizada la Cabaña Hueche Ruca en julio de 1986 a la Administración de Parques Nacionales.

Un grupo de autodenominados mapuches protestó contra el fallo de la justicia rionegrina, en la puerta de la Catedral de Bariloche. Apuntaron contra la fiscal del caso, Betiana Cendón, el fiscal jefe Martín Lozada y el fiscal Francisco Arrien, quienes también actuaron el 19 de octubre pasado en el desalojo de El Foyel. En varias oportunidades, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, había planteado diferencias con el criterio adoptado por funcionarios nacionales, especialmente con el Ministerio de Seguridad encabezado por Sabina Frederic y su secretario Gabriel Fuks.

Tras llevar su preocupación al presidente Alberto Fernández, se resolvió desplazarlos de la mesa de diálogo con los mapuches y reemplazarlos por la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Otra dependencia nacional cuestionada por la gobernadora Carreras fue el Instituto Nacional de Asuntos Indígenes (INAI), a cargo de la exsenadora kirchnerista, Magadalena Odarda.