La Comisión de Labor Parlamentaria decidió que el Viernes 19 a las 8.30 sesione la Legislatura de Tucumán.  

La reunión fue presidida por Regino Amado, quien enumeró algunos de los temas que serán debatidos en la misma, entre los que se destacan: el Acuerdo para los cinco abogados que cubrirán las vacantes en el Poder Judicial, una Ley de creación de cinco Fiscalías de Instrucción Penal (tres en el Centro Judicial de Capital, una en el de Concepción y una en en de Monteros); diferentes expropiaciones para el beneficio de distintos sectores de la Provincia -en Santa Lucía para la construcción de un cementerio y en calle 9 de julio 170 destinado a la creación del nueva sede del Registro Inmobiliario, entre otras-; la prohibición de la participación de animales en espectáculos circenses, la modificación de la Ley de Carrera Sanitaria y la creación en Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa y el establecimiento del 21 de Setiembre de cada año como Día de la Sanidad.   Pero fundamentalmente el tema que concentrará la atención es la prórroga de la Ley de Emergencia Económica, donde la Ley N° 6.987 señala que la medida tiene por fin “superar el peligro colectivo creado por las graves consecuencias económicas y sociales que la Provincia padece”. El régimen es aplicable para las obligaciones vencidas “aunque tuvieren reconocimiento en sede administrativa y/o sentencia firme en sede judicial”.   

La norma también establece que “los titulares de derechos que hayan sido reconocidos” por los tribunales “deberán presentar ante la fiscalía de Estado la liquidación judicial aprobada y firme de sus acreencias”. Según la Ley de Emergencia Económica, una comisión especial creada por el Poder Ejecutivo (PE) debe analizar los casos y aconsejar a la Contaduría General de la Provincia la inclusión de esos recursos en la Ley del Presupuesto General de Gastos. “Para esto se respetará el orden cronológico dentro de la prelación establecida por la reglamentación que da prioridad a las deudas que hubieran sido consolidadas por normas anteriores, en particular las deudas salariales y de carácter alimentario”, añade la norma.  

En estos años, para justificar la extensión del blindaje legal del erario, el oficialismo de la Legislatura ha argumentado que esta herramienta permite al Estado continuar pagando la deuda consolidada con títulos. De lo contrario, según la hipótesis alperovichista, las finanzas públicas podrían verse amenazadas por tener que afrontar el pago de obligaciones derivadas de juicios.    La Emergencia Económica además regirá para las municipalidades y las comunas rurales, según lo establece una norma similar.