El nuevo caso no involucra a ninguna figura de la farándula, sino que ahora ocurrió en el ámbito local. Una comerciante sufrió amenazas de una ex pareja, quien finalmente publicó en una red social una grabación de ambos manteniendo relaciones sexuales. Según la versión de la mujer, le pedían una importante suma de dinero o en su defecto un auto a cambio de no difundir el video.
Finalmente no hubo entrega y el video en 24 horas se propagó por las redes sociales y hasta por páginas de internet de otras características.
La causa que investiga el fiscal Martín Pizzolo y que aún no tiene imputados fue caratulado como “extorsión y amenazas” en perjuicio de una comerciante céntrica de Olavarría. La víctima, que había tenido un corto noviazgo con un hombre, denunció finalmente ante el fiscal que, “un video íntimo con un hombre se había subido a la red social Facebook y a otras páginas donde se mostraba un encuentro con su circunstancial novio.”
La víctima denunció que ese encuentro “había sido filmado sin su consentimiento” y que finalmente fue el instrumento para que se la “extorsione y amenace”. Según la versión de la mujer quien había registrado el video le pidió a cambio de no publicarlo una importante suma de dinero o en su defecto un auto.
La comerciante, al no acceder a la extorsión, dijo que “el video fue subido a Facebook este miércoles.” Tras una rápida investigación en la tarde noche de este viernes una comisión de la Sub DDI de Olavarría e integrantes de la Fiscalía 5 allanaron un domicilio ubicado en calle Piedrabuena al 2800.
En el lugar donde se domicilia el hombre que fue denunciado por la comerciante, arrojó importantes elementos a criterio de los investigadores para sumar a las pruebas de la causa que se abrió en sede del ministerio público. Allí se secuestraron teléfonos celulares, cámaras digitales y dispositivos de almacenamiento de datos.
Dichos elementos fueron remitidos a laboratorios que realizan pericias informáticas y así poder determinar si estos dispositivos fueron los utilizados para el registro y divulgación de las imágenes.
Para el fiscal es un hecho grave, porque además de los agravios que sufrió la víctima al difundirse un video de carácter íntimo y que fue registrado sin su consentimiento, quedó ese material expuesto a menores que tienen acceso a la red social Facebook.
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