Por Raúl Dellatorre

Un grupo de 70 acreedores granarios de Vicentin denunció que la propuesta que realizó la empresa para levantar la convocatoria "implicaría el desguace de la compañía, es un excelente negocio para los accionistas y para los compradores (de la firma), pero es nuevamente a nuestro exclusivo costo y no lo vamos a permitir". Por lo tanto, rechazan la oferta y reclaman que siga adelante el proceso de "Avocación" dispuesto por la Corte Suprema de Santa Fe, que le quitó la causa al juez comercial actuante y podría decidir la reasignación del concurso preventivo a otro juzgado. 

Entre los firmantes de la declaración de rechazo a la propuesta presentada por las autoridades de Vicentin, respaldada por las empresas Viterra (Glencore) y ACA (Coninagro), se cuentan cooperativas agrícolas, empresas comercializadoras históricas de la provincia y muchas empresas cerealeras familiares que han sido clientes por décadas de Vicentin. 

"Quienes firmamos este documento, miembros del fideicomiso acreedores granarios de Vicentin, somos empresarios del sector productivo y lo representamos. No confiamos en quien tanto daño hizo al agro argentino y mucho menos en sus soluciones", advierten. Dicho fideicomiso su creado en junio de 2020 y se autodefinía como "un grupo abierto de trabajo dispuesto y comprometido a sumarse y colaborar en proyectos que persiguieran la continuidad de la empresa y, con ello, el resguardo equilibrado de los intereses de todas las partes afectadas". 

Posteriormente, una parte de esos acreedores impulsó la intervención de la corte suprema santafesina. Pero no eran entonces más de 35, incluídos los bancos estatales Nación y BICE. Ahora son 70 los acreedores que rechazan la propuesta de cancelación de "una deuda de 1630 millones de dólares que debe pagando a sus acreedores el 20% de esa cifra".

"Vicentin presenta, a la vista del Juez y la sindicatura, una propuesta concursal arbitraria e injusta, en la que pretende disponer de los bienes más valiosos que están cautelados por la justicia penal", señala el documento difundido en el último fin de semana. 

"Hoy en la justicia penal (tribunales de Rosario) hay 13 imputados, todos los bienes del grupo Vicentin y sus directores están cautelados y la Corte Suprema de Santa Fe ha decidido intervenir ya que, al menos, entiende que hay inconsistencias entre lo que ocurre en Reconquista, en el Juzgado del concurso, y lo que se está investigando en la Fiscalía de delitos económicos de Rosario". 

La contradicción mayor es que, mientras el juez del concurso Fabián Lorenzini convalida la propuesta y los acuerdos que va presentando Vicentin con quien fuera su socio (en Renova) y posterior comprador de algunos de sus principales activos, Glencore, en los tribunales de Rosario algunas de estas mismas operaciones son consideradas como parte de un entramado que supondría una estafa al Estado, a clientes locales y a bancos del exterior.

Los 70 acreedores firmantes (las coperativas agrícola ganaderas de Armstrong y Aranguren, entre ellas; las cerealeras Grassi SA, Alassia SA, Albarellos SA, Bosetti SA, semilleras, proveedores de insumos y varias firmas productoras familiares) rechazan las expresiones de directivos de Vicentin que pretendieron descalificarlos imputándoles "intereses partidarios". 

"Nada tiene que ver nuestro reclamo con una pelea entre partidos políticos, nuestra demanda es la de cientos de acreedores que pretenden evitar que los vuelvan a engañar. Confiamos en el mecanismo que define la ley, el Cram Down, porque descontamos que hay interesados en continuar con la empresa. Quién consiga el apoyo de la mayoría de los acreedores, será el nuevo titular de la firma sin tener de socios a los que generaron el mayor default del agro argentino", señala finalmente el documento.