Vicentin: el Banco Nación respaldó el armado de un cramdown y volvió a rechazar la oferta de pago

Vicentin: el Banco Nación respaldó el armado de un cramdown y volvió a rechazar la oferta de pago

Tras las declaraciones de Alberto Fernández sobre la posible intervención de Vicentin y el traspaso de la causa a la Corte provincial, Eduardo Hecker, titular del Banco Nación apoyó la propuesta de cramdown, el diseño de un fideicomiso financiero que impulsan acreedores comerciales

 

En medio de la polémica que generaron las declaraciones de Alberto Fernández sobre la posible intervención de Vicentin, tras el intento frustrado que ocurrió hace dos años, que provocó movilizaciones con banderazos en todo el país, el Banco Nación apoyó la propuesta alternativa de un cramdown

Se trata del diseño de un fideicomiso financiero que impulsa un grupo de 72 acreedores comerciales, que integran el ala más crítica de los acreedores de Vicentin y representan un pasivo superior a u$s 420 millones de los más de u$s 1570 que adeuda en total la cerealera.

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En línea con los dichos del mandatario, el titular del Banco Nación, Eduardo Hecker, consideró que "se abre una etapa, que probablemente sea la del cramdown", a partir del traspaso del concurso de la empresa a la Corte Suprema provincial, que tuvo lugar el jueves. 

En el reportaje que Página 12 le hizo a Fernández, el Presidente indicó que, en 2020, descartó la estatización "porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina", pero aclaró que ahora estudia el caso "en el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe intervino y se podría dar un cramdown".

En ese sentido, Hecker señaló que, "en esta instancia, se debe realizar una nueva propuesta que contemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado, y el funcionamiento a pleno de la compañía, generando empleo y alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado".  

El Nación ratificó, una vez más, su rechazo a la propuesta de pago que realizó la cerealera.

De igual modo, el Nación ratificó, una vez más, su rechazo a la propuesta de pago que realizó la cerealera a los acreedores. "Es imprescindible evitar el fraude. La propuesta implica convalidarlo y una quita del 80% en el valor presente neto de los créditos que tiene el Banco Nación, lo que significa un daño al patrimonio colectivo", aseguró Hecker.

A su vez, recordó que "como parte de la política del Gobierno, el banco manifestó su oposición a la propuesta y realizó todos los esfuerzos necesarios para evitar la extranjerización, el desguace de la compañía y la pérdida de puestos de trabajo". 

"Lo que se perfilaba en la propuesta es la posibilidad inminente de que haya un desguace, al tiempo que distintos sectores quedarían sin destino, además de convertirse en una amenaza al empleo de los que hoy están trabajando", explicó.

El Banco Nación tildó a la oferta de Vicentin como "inviable" y "vacía de contenido sanatorio" del actual estado de cosas".

Anteriormente, la entidad bancaria tildó a la oferta como "inviable" y "vacía de contenido sanatorio" del actual estado de cosas". "Constituye una medida más, de tantas realizadas en este singular proceso, para dilatar el inevitable desenlace final del proceso concursal y expresa un indisimulado menosprecio respecto del exorbitante colectivo de los acreedores y también hacia las normas vigentes", sostuvo en otra ocasión.

"El banco busca arribar al mejor acuerdo posible para preservar el dinero de la población. No nos oponemos a un consenso, todo lo contrario. Estamos dispuestos mantener el diálogo y buscar soluciones. Pero no vamos a aceptar un acuerdo de este tipo. Implicaría el desguace de la empresa y la pérdida de puestos de trabajo", afirmó en ese entonces Hecker, en diálogo con este medio.

El banco estatal es el principal acreedor del gigante agroexportador. Vicentin le adeuda u$s 300 millones por créditos otorgados. Por tener el mayor monto del pasivo, buena parte de su acreencia verificada -u$s 246 millones, con la actualización de intereses- recibe un 'tratamiento privilegiado', lo que le confiere un poder de negociación diferente a la hora de acordar las condiciones. Es decir, el pago de la 'deuda privilegiada' al Nación corre por otra vía.

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