La causa la lleva adelante el fiscal Juan José Baric, a partir de una denuncia del e mpleado y dirigente sindical Raúl Cabral. Aunque la actual etapa está a cargo de la jueza subrogante Carolina Llanos.

El contenido de la declaración de Spataro no trascendió en detalle, pero el cuestionario apuntó a la creación de la firma y la participación de Mabel Dicandia en la propiedad de algunos bienes de la firma.

Baric tiene imputado a José Manuel Rodríguez-que por el escándalo fue trasladado al OCCOVI, el Organismo que controla a las empresas de peaje- junto a otros funcionarios y empresarios.

El fiscal -en una de las líneas de investigaciones y de la denuncia- debe indagar si hubo una asociación ilícita de todos los que intervinieron.

El cuestionario de Spataro fue interrogado por la jueza subrogante Carolina Llanos. Spataro le dio intervención a su abogado. “Tenía un discurso armado”, dijo una fuene judicial.

La denuncia fue por las adjudicaciones directas realizadas por Rodríguez. Algunas maniobras eran tan irregulares que algunas reparticiones no le daban el visto legal. El actual jefe de Distrito Walter Bonetto informó que otros ocntratos realizados por Rodriguez -además de los denunciados en la justicia- fueron frenados.

Las empresas involucradas son Servicios Integrales Especializados SRL (propiedad de Rubén Pietrodángelo) y Agrovial Motor Parts SRL (pertenece a Spataro, hijo de la pareja de Rodríguez). Cento fue nombrado por Rodríguez en el año 2001, pero la resolución de designación firmada por el administrador nacional fue emitida en el año 2013.

En su denuncia, Cabral apuntó a los contratos directos realizados por el jefe de Distrito, quien tiene capacidad de contratación directa por hasta 500.000 pesos.

“El objeto de esta asociación es cómo se prueba la adjudicación directa de distintos servicios a la firma Agrovial Motors Parts SRL por parte del jefe de Distrito, ingeniero Rodríguez, con facultades para autorizar y adjudicar contrataciones en virtud de la resolución Nº 627/2004 y posteriores modificaciones, dictadas por el administrador general de la DNV, bajo el régimen de contrataciones públicas normado por decreto delegado 1023/2001 y su decreto reglamentario 893/12”, expresó en la denuncia.

Agrovial Motors Parts (creada en junio de 2012), en la constancia de inscripción ante la AFIP, describe su actividad de la siguiente manera: “Somos una empresa familiar con el objetivo de proveerle al Estado sus necesidades cotidianas”. Después, en un alta de modificación se agrega en el objeto de la SRL: “Constructora de obras viales y provisión de repuestos e insumos al Estado”.

En la denuncia, “como una limitada muestra de este accionar”, se adjunta la documentación respaldatoria de las adquisiciones directas Nº 127/2012 (con expediente y factura, por 171.980 pesos), Nº 84/13 (por 558.000 pesos) y Nº 85/13 (558.000 pesos).

La variedad de servicios de Agrovial Motors Parts no solo se expone por sus declaraciones ante la AFIP. La adjudicación directa 127/12 fue por el servicio de reparación general de una pala cargadora Mancini y de dos motoniveladoras SIAM H130. Los trabajos fueron cotizados en 137.700 pesos, 173.370 pesos y 171.980 pesos. Es decir, por un total de 483.050 pesos. El certificado de provisión fue firmado el 27 de diciembre de 2012. La empresa Agrovial Motors Parts tuvo el alta en la AFIP el 11 de octubre de 2012.