El diputado provincial vernista, Martín Borthiry, irá hoy a la Justicia y le pedirá al procurador general Mario Bongianino que investigue los dichos de Luis Tellería, abogado de Inarco, la empresa constructora del megaestadio, acerca de que el gobierno obligó a su dueño, Héctor Mohedano, a firmar un acuerdo en 2009, que terminó convirtiéndose en la ley 2516, por la cual se amplió en 420 días el plazo para terminar la obra.

"Voy a presentar un escrito solicitando que se investigue porque pudo tratarse de una amenaza. Por eso pediré que se cite a Tellería y a Mohedano", indicó el legislador, que se presentará con el audio y la versión taquigráfica de la reunión del martes pasado de la comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados.

Allí, según Borthiry, Tellería señaló textualmente: "Lo que acaba de decir (Mohedano) es que no fue un convenio libremente consensuado, sino que lo obligaron a firmar el contrato". Y agregó que si no firmaba, Inarco se quedaba sin la obra.

La pelea entre el gobernador Oscar Mario Jorge y el vernismo viene desde hace rato, y se incrementó la semana pasada luego que Mohedano aceptara una invitación de los bloques opositores para concurrir a la Legislatura a dar explicaciones sobre porqué no concluye el megaestadio, que lleva seis años y medio de atraso debido a que no puede colocársele el techo. La obra debió inaugurarse en octubre de 2007.

En un primer momento la bancada justicialista se opuso al convite, pero cuando supo del sí del empresario, se sumó a la iniciativa y terminó copando la parada en Asuntos Agrarios, con muchas preguntas sobre lo que pasó desde 2009 en adelante y pocas acerca de lo que pasó hacia atrás.

La Legislatura aprobó hace cinco años la ley 2516 que le dio a Inarco 420 días extras (ver aparte), pero así y todo la constructora tampoco cumplió. Por eso en 2012, Jorge le propuso otra solución a Diputados que fue rechazada de plano: que el Estado comprara 40 columnas de acero, a un costo millonario, para prestárselas a Mohedano y que el empresario pudiera usarlas para apuntalar el techo.

"Yo digo que el megaestadio debe terminarse y está en el gobernador hacer las cosas bien, pero también que la solución técnica es el juicio político al gobernador", remarcó Borthiry, quien hace seis días se había mostrado como el legislador más confrontativo frente a Mohedano. De hecho, a partir de sus preguntas, el dueño de Inarco terminó aceptando que tiene la solución técnica del techo, pero no la económica y que necesita 29 millones de pesos (no actualizados) para concluir los trabajos.

Fuego cruzado.

En esa reunión de comisión. Borthiry cargó contra Jorge y el mandatario le respondió públicamente horas después, manifestando que "a Borthiry, que tanto grita, cuando se le voló el SUM (salón de usos múltiples), fuimos y se lo hicimos de nuevo, reafirmado una política de (el ex gobernador y actual senador, Carlos) Verna de que Ataliva Roca tuviera esa obra". De paso, le apuntó a los diputados: "Les vamos a tener que pedir a explicaciones acerca de porqué le coartaron la facultad al Poder Ejecutivo de continuar con la obra. Ellos van a tener que darle explicaciones a la sociedad y no decir que le queremos dar más plata a Mohedano".

"El gobernador (en 2012) nos mandó una solución que estaba viciada legalmente porque sería pagar dos veces por lo mismo -agregó Borthiry-. La verdad, es que estamos cansados de tanta inoperancia. ¿Acaso no hay otras soluciones? ¿En seis años a nadie se le ocurrió otra idea? ¿O quizá no se le ocurrió a él?"

"Pero este no es el único tema al que Jorge no le ha dado soluciones. Tampoco le dio soluciones al Atuel, a la deuda de Nación, a la segunda parte del acueducto del Río Colorado... Me acusa de que me hizo de nuevo el polideportivo en Ataliva Roca. No, no es así. A mi no se me cayó, se le cayó a una empresa que fue contratada por el Estado. Y tampoco lo hizo nuevamente él, sino el Estado. Pero Jorge confunde eso. El no es el Estado".

Lo que dice la ley.

La ley 2516 fue sancionada el 10 de septiembre de 2009. Allí dice que Inarco convocó a un especialista (el ingeniero Mariano Ameijeiras) y que éste informó que "las deficiencias se

generaron en un error de cálculo y diseño de la estructura" del techo. Por esa razón, Inarco, en marzo de 2008, presentó una nota en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por la cual "asume expresamente la total responsabilidad por los errores cometidos, dado que las fallas se

produjeron en los cálculos efectuados por el profesional que anteriormente había contratado la

misma empresa", en alusión a que se previó un techo de 100 toneladas y terminó siendo de 900. No obstante, la semana pasada, el empresario Fernando Mohedano, en la Legislatura, le echó la culpa al Estado de ese error.

El punto tercero del convenio dice que Inarco "asume la responsabilidad total por las deficiencias, demoras y alteraciones producidas en la obra, por los errores de cálculos cometidos (...) renunciando consecuentemente a todo reclamo, derecho y/o acción posible y/o en trámite, por los costos y/o gastos que se hayan originado o puedan originarse en virtud de los hechos que por sus errores de cálculo y ejecución, provocaron la alteración del contrato original".

En el cuarto, el contratista "ratifica la asunción voluntaria y total de su responsabilidad por las

alteraciones y demoras, producidas por deficiencias en los cálculos de la estructura

metálica del techo y su costo", y en el sexto acepta que "la presente renegociación no implica

asunción de responsabilidad de ningún tipo, ni mayores costos para el Estado Provincial que los previstos en el contrato original, debiendo el contratista ejecutar la obra adecuada a su

fin, de conformidad a lo cotizado en la oferta oportunamente aceptada, asumiendo a su costo y

riesgo todas las consecuencias derivadas del rediseño de la estructura metálica del techo".