VIEDMA (AV).- La reforma del Código Procesal Penal avanzó con amplios consensos en la Legislatura rionegrina, al tratarse ayer en primera vuelta el articulado del proyecto que fue aprobado en general en diciembre del año pasado.

La incorporación de algunas modificaciones al texto original solicitadas por bloques opositores y por el Superior Tribunal de Justicia habilitó que, a pesar de las fuertes discrepancias que se suscitaron entre algunos legisladores al inicio de la discusión, finalmente se lograran acuerdos casi unánimes en todos los artículos.

Una de los cambios acordados fue la entrada en vigencia del nuevo sistema. El oficialismo cedió a los pedidos del STJ y de algunos bloques opositores para que recién el 1 de marzo de 2017 se implemente el nuevo Código y el 1 de enero del año siguiente el libro específico que establece el juicio por jurados.

A pesar de las diferencias partidarias, en varias cuestiones hubo conclusiones similares. Por ejemplo, en el diagnóstico crítico de la actual situación judicial en Río Negro, en la necesidad de implementar el sistema acusatorio en reemplazo del inquisitorio actual, en los beneficios que acarrearán al servicio de Justicia la oralidad, la celeridad y la transparencia que podría generar el nuevo sistema.

No obstante, también se cuestionaron varios puntos del proyecto, como la falta de precisión en torno a los costos, las carencias de infraestructura adecuada y la alternativa de crear para el juicio por jurados una norma específica.

La discusión más fuerte se originó cuando la legisladora Ana Piccinini insistió en sus acusaciones referidas a que el proyecto fue elaborado por el penalista Oscar Pandolfi, quien defiende a varios exfuncionarios de la gestión de Miguel Saiz y que por ello podría inferirse que se pretende generar impunidad. Alejandro Betelú y Bautista Mendioroz respondieron ante las interrupciones y gestos de la ex defensora que obligaron al presidente del Cuerpo, Pedro Pesatti a llamar al orden.

Sobre los delitos contra la administración pública, el pleno acordó que los mismos no tendrán como plazo máximo de duración tres años improrrogables y se quitó la especificación de delitos "dolosos" para los cometidos por funcionarios públicos.

Aunque resaltó los beneficios del nuevo Código, el legislador Martín Doñate también indicó que éste no resolverá los problemas de la inseguridad. En ese sentido, varios legisladores opositores coincidieron en la necesidad de realizar otras reformas más profundas y de sancionar otras normas complementarias.

El grueso plexo normativo fue aprobándose en bloque y recogió acuerdos en casi la totalidad del articulado. Ahora se esperará una próxima sesión -que podría ser la convocada para el 20 de noviembre- para el tratamiento en segunda vuelta y su sanción definitiva. No se descarta que en estas semanas, pudieran darse nuevas modificaciones al texto original.

Entre otros temas, la Legislatura también aprobó ayer la resolución que definió la intervención del Fondo de Viviendas que administraba APEL, investigado también por la Justicia.