Fue uno de los casos más emblemáticos del despojo del patrimonio de la ciudad de Buenos Aires durante la presidencia de Carlos Menem, cuando el distrito no disfrutaba aún de los beneficios de la autonomía y era administrado por un intendente designado por el titular del Poder Ejecutivo. Y aunque transcurrieron 19 años de la maniobra, el caso deberá seguir siendo investigado. La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal rechazó un recurso de apelación presentado por Menem y ordenó que siga abierta la causa en la que se investiga la venta "a un precio vil" por parte del Estado nacional a la Sociedad Rural Argentina del histórico predio ferial de Palermo, según el Centro de Información Judicial.

La defensa de Menem había presentado un escrito para pedir la prescripción de la causa debido al tiempo transcurrido. Pero la Cámara Federal rechazó el argumento y sostuvo que la investigación debe seguir su curso.

"Cabe recordar que la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas no puede traducirse en número de días, meses o años, sino que debe contemplar extremos tales como la complejidad del asunto y la manera en que fue llevado por las autoridades judiciales", dijeron los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah en su resolución. "Durante la sustanciación de la pesquisa fue necesario realizar diferentes medidas, que incluyeron peritajes de variadas especialidades, arribándose a la convocatoria de más de diez personas a prestar declaración indagatoria, algunas de las cuales se están concretando en la actualidad", agregaron los magistrados.

Según constancias de la causa, el traspaso fue aprobado por Menem mediante el decreto 2.699/91. Con posterioridad, se celebró la escritura correspondiente, con la intervención del por entonces ministro de Economía Domingo Cavallo en representación del Estado nacional. Entre otras cosas, en ese acto se fijaron como condiciones la realización de determinadas acciones por parte de la compradora y el pago de un total de 30 millones de dólares por el predio. De esa suma, se abonaron 10 millones con anterioridad, quedando el remanente sujeto a la cancelación de diez cuotas anuales iguales de dos millones de dólares; la primera de ellas vencía en 1994. También, se fijó una garantía real de hipoteca a favor de la vendedora, en caso de incumplimiento de la otra parte.

En su planteo, Menem había alegado que desde la fecha del decreto 2.699 (20 de diciembre de 1991) hasta que fue convocado a prestar declaración indagatoria (12 de noviembre de 2008) transcurrió el plazo de prescripción del delito imputado. Los jueces dijeron que la prescripción se suspende mientras el imputado se encuentre desempeñando un cargo público.