El caso, en manos del juez Daniel Ralli, derivó en un apercibimiento a la escribana Paola Venesa Montero por su actuación profesional “negligente”. Además, fue procesada por el Tribunal de Impugnación Penal.
Si bien el magistrado no hizo lugar al pedido de la querella de que se dictara la prisión preventiva, sí dispuso que López Mallo fije un domicilio del cual no podrá ausentarse sin expresa autorización del tribunal a cargo del juez Ralli bajo apercibimiento de “decretarse su rebeldía y ordenarse su captura”.
Respecto al millonario embargo, la resolución -fechada el pasado 23 de septiembre, y a la que tuvo acceso El Diario- dice textualmente lo siguiente: “trábese embargo preventivo de Bienes Muebles Registrables e Inmuebles, Cuentas Corrientes Bancarias, Plazos Fijos Bancarios, Cajas de Ahorro (menos cajas Sueldos) pertenecientes a Antonio Gabriel López Mallo disponiéndose además en caso de no poder ubicarse bienes suficientes, la Inhibición General de bienes del mencionado López Mallo hasta cubrir el monto de dos millones de pesos”.
Negligencia
El caso es cuestión tiene relación con un artículo publicado por este diario en el que se informó durante el fin de semana que el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la provincia de La Pampa le aplicó un apercibimiento a la escribana Paola Vanesa Montero, luego de un sumario iniciado el pasado 14 de mayo de este año.
La resolución fue tomada el pasado 31 de mayo y oficializada el 9 de junio, aunque recién trascendió en estos días luego de que el Tribunal de Impugnación Penal ordenara (con fecha 3 de julio de 2013) el procesamiento de la profesional en la misma causa.
Las sumariantes fueron las escribanas Ana María Picco y Emilia Diez. El acta en cuestión, previa al inicio del sumario, tiene el número 881 y está fechada el 7 de mayo del corriente año.
La denuncia
El querellante en la causa es el abogado José Bibiano Cedrún Gutiérrez. El abogado es primo de Luis Alberto Bello Contreras, una de las víctimas de la presunta estafa perpetrada.
Las actuaciones judiciales fueron iniciadas el 25 de octubre del año 2010, a raíz de la denuncia que por escrito realizó ante la Fiscalía Nº4 Amado Jesús José Giganti como apoderado de los ciudadanos españoles Gonzalo Jiménez Rodríguez Vila y Luis Alberto Bello Contreras.
Los involucrados, con fecha 14 de septiembre de 2005, constituyeron la sociedad denominada “Establecimiento Macarena Ranch S.A.” conjuntamente con Antonio Gabriel López Mallo, sociedad que se inscribió el 26 de octubre de 2005 bajo el folio 2050 de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.
Según la resolución Nº 7188 del 12 de octubre de 2005, la sede social se fijó en la calle Alsina Nº 2751 de Manuel Alberti Partido de Pilar.
Previamente, el 12 de septiembre de 2005, se había efectuado la compra del campo denominado “Loma Negra” en Santa Rosa (La Pampa) -por medio de un boleto de compraventa y con la intervención de la escribana María Mercedes Cobo, a través de la escritura Nº 200- donde montaron un coto de caza, luego de realizar inversiones cercanas al millón de dólares.
En la demanda, el abogado Cedrún Gutiérrez señala que “López Mallo fue designado como presidente del directorio dado que era el único de los tres que residía en la Argentina. Sin embargo, en el año 2010, el señor López Mallo instrumentó una maniobra fraudulenta: falsificó actas de asamblea y de directorio y vendió el campo ‘Loma Negra’ a los señores Pablo y Carolina Pizarro, dos hermanos sin ninguna solvencia económica ni patrimonio alguno, por la suma de 120.000 dólares”.
La escribana interviniente fue Paola Vanesa Montero, esposa del actual diputado provincial Martín Berhongaray. Cedrún Gutiérrez narró que “antes de inscribir la escritura en el Registro de la Propiedad Inmueble, la escribana fue advertida mediante carta documento para que se abstuviera de realizar la operación”.
“Sin embargo -agregó- hizo caso omiso y junto a su socio (Martín) Wallace consideraron que toda la documentación se encontraba en orden y en condiciones para realizar la operación de venta”.
“Los ciudadanos españoles nunca suscribieron ninguna documentación autorizando la citada operación de venta. Prueba contundente de ello radica en que las actas falsificadas fueron suscriptas en fechas en que los españoles no se encontraban en la República Argentina”, apuntó.
Cedrún Gutiérrez señaló: “Inmediatamente y luego de esta primera venta, los hermanos Pizarro volvieron a vender el campo, para cerrar la maniobra perfecta, en esta ocasión al individuo Rodolfo Nelson González. También es llamativo, dado que González sería amigo y exsocio del intendente de Zárate (Osvaldo Cáffaro) y existiría una causa penal en trámite que los investigaría por actos de corrupción”.
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