Cinco semanas después de darle una resonante victoria a la oposición en las elecciones legislativas del 6 de diciembre, los venezolanos enfrentan a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y le señalan que la prioridad de la sociedad no es la que se fijó la dirigencia de derecha: un 59% considera que la unicameral Asamblea Nacional, compuesta en sus dos tercios por diputados de la alianza opositora, debe contribuir a la resolución de los problemas económicos que sufre el país y relegar a una segunda instancia la votación de una ley de amnistía de los políticos encarcelados por la promoción de hechos de violencia.

Según una encuesta del diario Ultimas Noticias de Caracas. y citada por el director del rotativo y analista político Eleazar Díaz Rangel durante una entrevista televisiva, se determinó que esa amplia fracción de la población urge priorizar los asuntos económicos, específicamente la situación del desabastecimiento y acceso a alimentos y otros productos básicos. “La inmensa mayoría de los que votaron por la oposición lo hicieron en la creencia de que lo que no se pudo resolver con el problema de las colas, lo iba a ayudar a resolver la Asamblea Nacional”, dijo el analista.

La referida tarea, indicó Díaz Rangel, debe conllevar a un ineludible diálogo entre el oficialismo y la oposición como forma de negociación política para atender la crisis del sector alimenticio. “Habrá más reclamos de que tanto el gobierno como la Asamblea Nacional se pongan de acuerdo para darle impulso a la producción”, señaló.  Diseñar conjuntamente una nueva política económica que posibilite cubrir el déficit existente así como corregir progresivamente las causas del desabastecimiento son, según Díaz Rangel, los grandes objetivos que deben plantearse el gobierno y la oposición.

“La idea es que la gente comience a percibir que hay una política que a mediano y largo plazo va a resolver sus problemas económicos y de alimentación”, agregó. No obstante, los diputados de la MUD han priorizado bajo la denominación de “emblemática” una ley de amnistía y reconciliación nacional a favor de lo que llaman “presos políticos”. Sin embargo, según la encuesta citada por Díaz Rangel, sólo el 19% de la población piensa que esa norma debe ser discutida con prioridad. Para la mayoría, tal ley beneficiaría a personas responsables de acciones violentas y desestabilizadoras del gobierno.

Por otra parte, Díaz Rangel, se refirió al conflicto reciente entre los poderes Legislativo y Judicial sobre la suspensión provisional de tres diputados de la MUD. A su juicio, fue necesario el desarrollo de una “negociación política” para lograr reducir tensiones y permitir que la lectura de la “Memoria y Cuenta del pasado 15 de enero, se efectuara sin contratiempos”. Se refería así al informe anual que el presidente de la República debe rendir ante el Congreso. Sin embargo, señaló, ese “clima de tranquilidad” no puede ser circunstancial, la Asamblea no debe operar como un poder de choque en contra del Tribunal Supremo de Justicia.